La Federación Española de Fútbol acusa a un árbitro de negarse a colaborar en el 'caso Negreira'

La investigación de la Fiscalía de Barcelona que relaciona al exárbitro y antiguo número dos del CTA José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier Enríquez Romero con el Barça a través de pagos fraudulentos ha provocado un auténtico cisma en el universo del arbitraje español. Tanto es así que Andreu Camps, secretario general de la RFEF, ha comparecido junto a Medina Cantalejo, actual presidente del CTA, en una gran rueda de prensa que ha contado con más de 240 miembros del colectivo arbitral. 

El propio Camps fue el primero en tomar la palabra con la lectura de un gran comunicado: "La Federación puso en marcha la creación de un departamento interno de integridad. El mismo día de las elecciones a la presidencia de la RFEF, Luis Rubiales cesó a todos los miembros del Comité Técnico de Árbitros, entre los que estaba Enríquez Negreira. Bajo la gestión del actual presidente, la RFEF contrató a una empresa para alertar de posibles incidencias a este respecto. Ninguna de esas alertas ha guardado relación alguna con esta temática que estamos analizando".

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"Es cierto que Negreira mandó dos burofaxes instando en que se le había cesado de forma irregular y pedía la readmisión. No se contestó a ninguno de los burofaxes que mandó su abogado. No tenemos más constancia de estos temas. El 15 de febrero tuvimos conocimiento de las informaciones publicadas. Dado el contenido de las mismas, ese mismo día, el presidente de la RFEF se puso en contacto con Medina Cantalejo y conmigo para que pusiéramos todo en conocimiento del departamento de integridad".

En este punto, Camps analizó el modo de actuación interno de la propia RFEF: "Esa misma tarde, el departamento puso en marcha el trámite de información reservada de esta temática, que iba destinada al CTA y al FC Barcelona. El club azulgrana contestó al día siguiente y la RFEF entiende que, a medida que el FC Barcelona disponga de más información, lo pasará al departamento de integridad".

Andreu Camps y Medina Cantalejo en una rueda de prensa en la RFEF EFE

A su vez, el secretario general dejó claro que el entendimiento y colaboración entre la Federación y el Comité Técnico de Árbitros son totales: "La RFEF pidió más información el 20 de febrero al CTA tras las informaciones relacionadas con el hijo de Enríquez Negreira. Debo confirmar que el cuestionario que han publicado los medios es correcto".

Camps ahondó en este tema y cargó contra el miembro del CTA que ha realizado ciertas filtraciones a los medios de comunicación: "La RFEF quiere manifestar que deplora que un miembro del CTA haya filtrado el cuestionario a los medios. No me refiero a los medios, que hicieron su trabajo, pero debo manifestar la tristeza por la actuación de algún miembro del CTA. También se pidió un análisis exhaustivo de las redes sociales y de los comunicados que pudieran ser relevantes para la investigación".

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"Los miembros del departamento de integridad se puso en contacto con la Fiscalía de Barcelona. Eso sí, no se trata de una vía penal. Al mismo tiempo, el equipo de abogados de la RFEF evaluó si era oportuno presentar una denuncia o querella en los juzgados. Éstos entendieron que era totalmente contraproducente, puesto que la admisión a trámite pararía todos los trámites de la Fiscalía".

La RFEF señala responsabilidades políticas

Por último, Andreu quiso dejar claro que la intención ahora de la RFEF es poder aclarar toda esta situación: "Para la RFEF lo importante es llegar al final de la investigación. El director de integridad me comunicó que el CTA había entregado toda la información. Se deducía que todos los árbitros, árbitros asistentes y delegados, menos uno, habían colaborado aportando información y datos. Se me ha informado que un árbitro no ha contribuido a la investigación interna. No aportó nada ni contestó dentro de los dos plazos que se le concedieron. Se está viendo cómo se procede ante el hecho".

Ya dentro del turno de preguntas, Camps también aludió a que había personas fuera de la RFEF y del CTA que tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo y que ocupaban cargos gubernamentales. Aunque no llegó a nombrar a dicho individuo, EL ESPAÑOL ya pudo informar en exclusiva que se trataba del exmiembro del CSD Albert Soler: "La RFEF ha podido constatar que existiría alguna persona que conociendo los hechos de primera mano no los denunció cuando tenía responsabilidades gubernamentales".