Así arrincona un abogado del Estado a LaLiga y CVC: todas las dudas legales, de gobernanza y financieras

El acuerdo entre LaLiga y CVC, suscrito por 38 clubes y rechazado por Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y Real Oviedo, fue tratado en la sesión organizada por la Real Federación de Fútbol Español con los equipos que estrenarán la nueva categoría que sustituye a la Segunda B y que se denominará 1ª RFEF.

Tomás González Cueto, reputado abogado del Estado y Comisionado de control externo de la RFEF, expuso los argumentos que hacen estar a la Federación totalmente en contra del trato entre Javier Tebas, presidente de la patronal, y Javier de Jaime, gestor del fondo. El propio Luis Rubiales no dudó en calificar el acuerdo como "un bochorno" para el fútbol español.

En su intervención, González Cueto demostró los diversos conflictos que crea un acuerdo con múltiples dudas legales, financieras y de gobernanza. Además, el tesorero de la RFEF, Eduardo Bandrés, expuso cómo el préstamo ofrecido a los clubes tienen un coste mucho más alto que los créditos bancarios convencionales. 

Dudas legales

Entre todo lo expuesto por González Cueto destacan dos grandes dudas acerca de la legalidad de algunas partes del contrato entre CVC y LaLiga. La primera se refiere a la configuración del contrato de cuentas participativas y cómo los ingresos del fondo se consideran gastos de comercialización de los derechos audiovisuales.

El contrato de cuentas en participación está regulado por el Código de Comercio. Se recoge en el artículo 239 y en él se explica como un comerciante (alguien que opera en el mercado) puede participar en el negocio de otro, en este caso CVC en el de LaLiga, aportando un capital (dinero u otro tipo de activos) y haciéndose partícipe de sus resultados prósperos o adversos en la proporción que determinen, un 9,95% para el fondo en el caso de LaLiga HoldCo, en la nueva sociedad que se creará tras la firma del acuerdo.

La retribución que reciba CVC debe ser una parte de los resultados, es decir, del saldo neto, no del bruto que se obtiene por comercializar los derechos audiovisuales. Sin embargo, LaLiga y CVC han previsto expresamente que todos los pagos al fondo constituyen gastos de comercialización y explotación de LaLiga a los efectos del Real Decreto Ley 5/2015.

La configuración que se hace del contrato como uno de cuentas en participativo resulta absolutamente incompatible. "Lo que perciba CVC anualmente debe provenir de la misma cantidad neta a la que tienen derecho los clubes que renuncian a percibir ese porcentaje, pero no puede reintegrarse en concepto de gastos de comercialización porque este tipo de contrato exige hacerlo sobre el resultado en neto. Es decir, un gasto es algo previo al rendimiento final", según explicó González Cueto.

¿Por qué se considera un gasto de comercialización, según el acuerdo? Porque si no fuera así, LaLiga no podría controlar los pagos a CVC y no podría llegar a concertar un contrato como este. "A nuestro juicio esto implica una infracción del Real Decreto Ley 5/2015", aseguró el Comisionado de control externo de la RFEF.

Se detalla un acuerdo de prestación de servicios para una consultoría sobre la comercialización de los derechos audiovisuales entre LaLiga HoldCo y LaLiga que también aporta dudas sobre la legalidad del trato con CVC. En la documentación presentada se explica que LaLiga y la nueva sociedad no pueden tener una estructura redundante, es decir, no pueden tener personal o activos en ambas entidades dedicados a lo mismo. Esto es un claro ejemplo de las posibles duplicidades que provocaría la creación de la nueva corporación. 

Si la comercialización de los derechos audiovisuales se queda en LaLiga, se entiende que toda la estructura del personal especializado en esas materias debería mantenerse en LaLiga y la nueva sociedad no podría prestar esos servicios de consultoría ya que no tendría a los expertos. "Es de suponer que también se va a descapitalizar humanamente a LaLiga en materia de la gestión y comercialización de los derechos audiovisuales", afirmó González Cueto. 

Además, se desconoce la cuantía que LaLiga pagará por este servicio de consultoría, el cual será el principal ingreso de la nueva sociedad, de la cual CVC cobrará dividendos. "Algo que no tiene mucho sentido", según el abogado del Estado.

Dudas de gobernanza

El Real Decreto 5/2015 preveía un sistema de control a través de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) con carácter previo a la comercialización de los derechos audiovisuales y una supervisión permanente a través del órgano de control de gestión de derechos de televisión, creado en LaLiga.

El acuerdo de 'LaLiga Impulso' dispone que se creará una comisión de seguimiento del mismo entre ambas partes y que deberá debatir entre múltiples materias sobre la comercialización de los derechos audiovisuales.

Según lo pactado, si el comité paritario no está de acuerdo con las nuevas acciones decididas por el consejo de control de LaLiga, se tendrán que renegociar todas las condiciones del acuerdo del contrato entre CVC y LaLiga. Es decir, el nuevo comité creado no puede bloquear las decisiones de LaLiga, pero sí puede 'chantajear' con endurecer las condiciones del contrato.

"La presión sobre el órgano de gestión va a ser insostenible y al final no les va a quedar más remedio en la práctica que asentir con la cabeza a todas aquellas propuestas u observaciones que haga ese comité paritario dado que es el que tiene la fuerza del dinero", según González Cueto.

Los órganos de dirección y los miembros que los conforman generan también dudas al Comisionado de control externo de la RFEF sobre la gobernanza. LaLiga HoldCo tendrá un consejo de administración propio formado por tres miembros natos (el presidente y los vicepresidentes actuales de LaLiga), dos miembros nombrados a propuesta de LaLiga, dos miembros nombrados por CVC y un consejero independiente.

Además, se fija que el presidente sea el actual máximo mandatario de LaLiga, Javier Tebas, y a la vez se prevé una serie de materias reservadas en las cuales será únicamente el consejo quien tenga que decidir y no otra entidad, aunque tenga competencias concurrentes.

Entre estas materias destaca que el llamado 'Top 3' del consejo (consejero delegado/presidente, el director corporativo y el director ejecutivo) solo podrá ser cambiado por el propio consejo de LaLiga HoldCo. Es decir, LaLiga no tendrá nada que decir con relación a quién presidirá la nueva sociedad durante los primeros 15 años. 

 LaLiga se ha despatrimonializado de una forma casi íntegra, transfiriendo casi todos sus activos a esta nueva sociedad

"Es un grave problema de gobernanza dado que LaLiga se ha despatrimonializado de una forma casi íntegra, transfiriendo casi todos sus activos a esta nueva sociedad y sin embargo no va a poder decidir quiénes son los directivos principales", detalló el abogado del Estado.

Por si fueran pocas las dudas sobre la gobernanza tras el acuerdo entre CVC y LaLiga, hay otras dos claras cuya respuesta casi todo el mundo puede dar. ¿Ante quién responde LaLiga en el sistema de la Ley del Deporte y ante quién responde una Sociedad Anónima? ¿Y quiénes aprueban lo que hace LaLiga y quiénes aprueban lo que hace una Sociedad Mercantil? Sin duda, las respuestas a estas preguntas ponen de manifiesto que bajo la nueva estructura LaLiga perdería controles externos en sus acciones.

Dudas financieras

Uno de los hitos estrella vendidos por LaLiga es haber conseguido cerca de 2.500 millones de euros, que provienen del dinero aportado por CVC, para ofrecérselo a los clubes en forma de préstamos al 0% a devolver en 40 años. Esta medida magnífica a corto plazo guarda una letra pequeña que compromete la autonomía de los clubes y sus finanzas.

Las cantidades recibidas por los clubes tienen un destino finalista. Es decir, están fijadas a qué se tiene que destinar, aunque el problema está en que no queda clara la definición de cada apartado.

El 70% de la cantidad recibida por un club debe ser destinada a infraestructuras, aunque no se explica si se trata de infraestructuras físicas (estadios) o al equipo humano. El 15% dedicado a pagar deuda es quizás la única clara. Por último, el 15% restante debe dedicarse a la inscripción de jugadores, concepto más indeterminado aún porque, según expresa González Cueto: "No sé que es la inscripción de jugadores: no sé si hace referencia a la plantilla, a fichajes... Tampoco está determinado".

Cada club tendrá que diseñar a un plan de desarrollo de acción que deberá ser aprobado después por LaLiga. Además, se tendrá que comprometer a participar en las acciones que LaLiga le requiera y en todas sus políticas. Esto supone, según González Cueto, "una pérdida de autonomía de decisión por parte de los clubes para los próximos 40 años".

Por último, la decisión de la RFEF de rechazar el acuerdo también se basa en la posición que deja a los futuros equipos de LaLiga que provengan de las categorías inferiores. Por un lado, el pacto entre CVC y LaLiga deja muy en el aire si estos nuevos clubes podrán acceder a la financiación que se ofrece a los equipos actuales.

Por otro lado, solo los clubes que hayan sido miembros de LaLiga entre 2015 y 2021 percibirán 4 millones de euros si ascienden en los próximos 10 años. Los que hayan formado parte de LaLiga en las últimas siete temporadas se dice que percibirán una cantidad mayor, parecida a la que tendrán los que ahora se encuentran disputando esa competición, pero no se especifica cuál.

Lo que sí queda claro es que los nuevos equipos que se incorporen a LaLiga en este tiempo, y que no hayan estado entre 2015 y 2021 en la asociación, tendrán que renunciar a una parte de sus ingresos netos por sus derechos audiovisuales.

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