No más “autores en la mierda”: Podemos pide al Congreso acabar con el maltrato musical
Irene Montero y Eduardo Maura presentan en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley contra el artículo 71 de la Ley de Propiedad Intelectual, que maltrata a los autores musicales desde hace tres décadas.
18 enero, 2018 13:12La derogación del artículo 71 de la Ley de Propiedad Intelectual está en marcha. Irene Montero y Eduardo Maura, del grupo parlamentario Unidos Podemos presenta esta mañana en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley contra dicho artículo. El motivo es claro: “Una cantidad enorme de músicos lleva décadas cediendo todos los derechos de explotación de su obra a perpetuidad y en condiciones manifiestamente desiguales con respecto a otros autores, con el enorme perjuicio que ello conlleva para ellos y para sus herederos”, señala el documento al que ha tenido acceso este periódico. “Muy pocos han dispuesto de los recursos y el tiempo necesarios para recuperar sus derechos en los tribunales”.
Hace una semana este periódico denunciaba la reclamación de los autores musicales ante la norma que permite a las editoras quedarse con sus derechos hasta 70 años después de su muerte, justo cuando se cumplían 20 años del juicio ganado por Carlos Cano contra esta discriminación. Porque esta cláusula auspiciada por la Ley no es igual para los escritores. “Su supresión permitiría a los autores de música disfrutar de los mismos derechos y obligaciones que la ley concede al resto de autores”, explican desde Podemos.
Atado de pies y manos
El polémico artículo elimina para los autores de música tres garantías establecidas por la Ley en favor del resto de autores. Por un lado, permite que sus obras sean saldadas antes de dos años y que se puedan destruir los ejemplares sin ofrecérselos al autor. Su obra puede ser destruida sin previo aviso, “hallándose sin capacidad frente al editor musical para resolver su contrato”. Auténticos presos laborales. Además, permite al editor extender la vigencia del contrato por toda la duración del derecho de autor. Es decir, toda la vida del autor y 70 años después de su muerte.
Las editoras tienen por costumbre colar esta cláusula en los contratos con los autores musicales de manera ambigua: “Por todo el tiempo de protección que la Ley otorga a los autores, sus sucesores y derechohabientes”. Con la claro interés de ocultar la verdadera intención.
Un perjuicio sangrante
La Proposición de Ley de Unidos Podemos aclara que el artículo 71 de la LPI permite la existencia de contratos de duración perpetua, “contrarios al espíritu de la legislación española”. El motivo de estas cláusulas en los contratos es “una excusa” para obtener la cesión de todos los derecho. “El perjuicio a los autores musicales, que ven mermados sus ingresos hasta un 50%, es evidente”, y esto es totalmente diferente a los contratos, por ejemplo, de los escritores.
El artículo 71 es el gusano de la Ley de Propiedad Intelectual que permite la ruina de los autores. Fue un gol por la escuadra de las compañías discográficas (editoras, al tiempo) contra los autores, el día en que se redactó la Ley de 1987. Este artículo anula la posibilidad de la extinción de un contrato una vez pasados diez años, como sí ocurre con los contratos de edición literaria.
Una Ley discriminatoria
De esta manera, la norma discrimina a los autores musicales frente a los escritores, es decir, vulnera el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución española. Y lo viene haciendo desde hace treinta años sin rectificación. Esta es la oportunidad de acabar con este artículo porque el Gobierno debe reformar la LPI de manera urgente. Lleva tres años de retraso desde el cierre en falso de la última reforma. Así, Eduardo Maura, portavoz de Cultura de Podemos, aseguraba que su partido tenía la intención de “acabar con una discriminación histórica”.
Sony o Warner acumulan repertorios de autores tan prolíficos como Juan Carlos Calderón, en Universal, uno de los mejores “clientes” que tiene la SGAE y que en su día cedió por 1.000 pesetas 300 canciones, “que dan muchísimo dinero a un editor que sigue cobrando dinero”. Una de las abogadas consultadas en su día por este periódico aseguraba que era necesario que se revisara la Ley para cambiarla ahora o nunca: “Los autores están en la mierda, maltratados”.