El Proyecto Islero, la aventura que emprendió el régimen franquista para construir una bomba atómica, fue bautizada con el nombre de un famoso toro: el miura de casi quinientos kilos que le dio una cornada mortal a Manolete. A pesar de los ingredientes descabellados y novelescos de esta historia, España estuvo a punto de engrosar el selecto grupo de países que manejaban armamento nuclear. El Alto Estado Mayor quedó seducido ante el poder de disuasión que les brindaría. El plan, uno de los más misteriosos y secretos de la dictadura, en absoluto fue una quimera.
Los esfuerzos de la dictadura por convertir al país en una potencia nuclear protagonizan uno de los seis capítulos de la nueva serie documental Megaconstrucciones franquistas, creada por Discovery y que se estrena en DMAX el lunes 15 de marzo a las 22:30 horas. La producción de Minoría Absoluta, en la estela de las dedicadas a la Guerra Civil, las cuatro décadas del régimen o a la biografía de Franco, ahonda ahora en las principales obras de ingeniería acometidas en estos años y que mezclaron la monumentalidad, la funcionalidad técnica y un nítido simbolismo ideológico.
Josep Serra, director y guionista, aventura que la serie será "sorprendente" y que cuenta "cosas desconocidas para la mayoría de la gente". Además del Proyecto Islero, los otros episodios se dedican al Valle de los Caídos —la primera vez que una televisión entra en la basílica tras la exhumación de Franco—, la central de la presa de Aldeadávila, que sigue aportando el 16% de la energía hidroeléctrica española, las fortificaciones erigidas durante la II Guerra Mundial, el Plan Badajoz para rehabitar el campo y a cómo España se convirtió en los años 70 en una potencia mundial en la fabricación de buques y grandes petroleros gracias a los astilleros de Ferrol o Sevilla.
La génesis del plan para construir la bomba atómica se halla en los años 50, en la creación de la Junta de Energía Nuclear (JEN), cuya misión consistía en actuar "contra el peligro de las radiaciones ionizantes y como impulsora del desarrollo industrial, relacionado con las aplicaciones de la energía nuclear". También se explica por un acuerdo de cooperación nuclear firmado con Estados Unidos en 1955 bajo el programa Átomos para la paz del presidente Eisenhower, que apostaba por brindar esta energía al mundo para usos civiles.
A los militares españoles, especialmente al capitán general Agustín Muñoz Grandes y a Luis Carrero Blanco, hombre fuerte del régimen, les interesaba manejar un arma de semejante calibre para potenciar el papel de España en el tablero internacional y para disuadir a Marruecos de cualquier ataque sobre su territorio —por aquellos momentos se registró la guerra de Ifni (1957-1958)—. Al mismo tiempo, en la estela de esos pactos con los estadounidenses, algunos de los mejores científicos españoles fueron enviados al extranjero para recibir formación más especializada.
Ese fue el caso de Guillermo Velarde, catedrático de Física Nuclear y por entonces comandante del Ejército del Aire. A su regreso de EEUU en 1963, el ingeniero y almirante José María Otero Navascués, en nombre de Muñoz Grandes, le encargó un estudio para abordar la viabilidad del desarrollo de una bomba atómica de plutonio. El Proyecto Islero despegaba.
Accidente de Palomares
Uno de los momentos clave de esta historia es el accidente en 1966 de dos aeronaves estadounidenses —un bombardero y un avión cisterna— a la altura de la localidad almeriense de Palomares. El B-52 portaba cuatro bombas nucleares. Dos de ellas cayeron sin paracaídas y explotaron al tocar tierra. Las otras dos fueron recuperadas —una de ellas del fondo del mar—. Más allá del famoso baño de Manuel Fraga con el embajador de EEUU para demostrar que no había riesgo de radiación —una artimaña—, este suceso impulsó la aventura atómica del franquismo.
Los técnicos de la Junta de Energía Nuclear, encabezados por Guillermo Velarde, tuvieron la oportunidad de analizar y reproducir una bomba atómica. En 1968 el Gobierno de Franco no solo rechazó firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear, sino que en la sede de la JEN, en la Ciudad Universitaria de Madrid, se instaló el primer reactor rápido nuclear español, llamado Coral-1, con capacidad para producir plutonio de tipo militar. El régimen también logró independizarse en parte del paraguas norteamericano con un nuevo acuerdo con la Francia de Charles de Gaulle. Así se puso en marcha la central nuclear de Vandellós (Tarragona) que convertiría el uranio de abundantes minas, como las de Lleida, en el elemento radiactivo.
España, a principios de la década de 1970, era uno de los estados punteros en la producción de energía nuclear. La CIA comenzaba a manifestar sus temores en informes confidenciales: "Es el único país europeo que nos merece atención como posible proliferador en los próximos años. Tiene reservas autóctonas de uranio de un tamaño medio, y un amplio programa de energía nuclear de largo alcance (tres reactores en funcionamiento, siete en construcción, más diecisiete planificados) y una planta piloto de separación química".
Con la llegada de Carrero Blanco a la Presidencia del Gobierno, el proyecto estaba dispuesto para ser culminado. El líder del Ejecutivo franquista se reunió con Henry Kissinger, secretario de Estado de EEUU, el 19 de noviembre de 1973. Unos días antes, Velarde redactó y entregó un informe en el que aseguraba que España tenía capacidad para producir tres bombas de plutonio al año. Carrero Blanco mostró este documento a unos sorprendidos representantes estadounidenses tras escuchar que no podían garantizar su apoyo en caso de agresión. La jornada siguiente, el presidente fue asesinado por la banda terrorista ETA.
El sueño nuclear español, a pesar de los contratiempos provocados por la crisis del petróleo —de 40 plantas concebidas solo se construyeron diez— continuó bajo el gobierno de Carlos Arias Navarro. En esos primeros compases de la Transición se proyecta el Centro de Investigación Nuclear de Soria, una planta que podía producir plutonio para fabricar 23 bombas atómicas al año. Este es uno de los enclaves —utilizado ahora para la obtención de energías renovables— que recorre la serie documental, junto a la primera central nuclear en suelo peninsular, la de Zorita de los Canes (Guadalajara), en activo desde 1968 hasta 2006; o las minas de uranio de Lleida, todavía de peligrosa radiactividad.
Aún tendría que pasar una década más para que el Proyecto Islero se archivase definitivamente. Los planes, aunque se dieron pasos con el objetivo de rebajar tensiones, como la firma de un acuerdo con la OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) para someter las instalaciones españolas a verificación constante, se mantuvieron bajo los gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo. Ya con Felipe González en Moncloa, la aventura atómica concluyó: España firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear el 5 de noviembre de 1987.