Mariló Montero (58 años) ha acaparado este jueves, 29 de febrero, toda la atención después de su victoria ante la Audiencia Provincial de Barcelona contra Diego Arrabal (53) y Gustavo González (58) por un delito de revelación de secretos por el caso de sus fotografías en topless. Los paparazzi han sido condenados a diez meses de prisión y a pagar una multa de seis euros diarios durante ocho meses. Ambos van a recurrir la sentencia mientras la periodista se encuentra "agradecida con la Justicia" ante este resultado, según conoció EL ESPAÑOL.
Sin embargo, este viernes, 1 de marzo, Mariló se ha personado en Espejo Público, programa presentado por Susanna Griso (54), y ha revelado un espeluznante suceso al que se enfrentó la semana pasada durante un acto público: ha sido víctima de una agresión sexual.
Así lo ha confesado la periodista mientras se dialogaba sobre el movimiento Me Too después de que la escritora Ayanta Barilli denunciara un presunto acoso que sufrió a manos del fallecido actor Juan Luis Galiardo.
"Hace una semana un hombre muy famoso me tocó el culo. Estábamos en un acto público y con su novia. ¿Qué hago? ¿Le doy una hostia? En ese momento pensé la que se podía liar", ha desvelado la expresentadora de Las mañanas de La 1.
"Pensé que eran una pareja muy famosa, y en un acto público, y la que se podía liar mediáticamente. En privado habría actuado de otra forma. Le habría dado una hostia en toda la boca", ha añadido, visiblemente furiosa.
La exmujer de Carlos Herrera (66) ha sentenciado que, cuando pasaron los días, se puso en contacto con el entorno del presunto autor de los hechos y que "no se sorprendieron por su relato". "Yo siempre reacciono, pero no quería generar conflictos familiares, aunque tampoco que me agredan a mí", ha expresado.
Asimismo, ha puntualizado que, al tratarse de un tema tan grave y delicado, "no es fácil denunciar algo así", debido a que "te dejas un dinero y tienes que demostrar algo muy difícil".
Mariló ha asegurado que es una actitud "habitual" en este hombre, del que ha preferido no revelar su identidad. "Tiene esa cultura incrustada. Parece que se nos exige que tengamos la solución perfecta para cada tipo de acoso y personalidades", ha agregado.
No es la primera vez que se enfrenta a una situación parecida. Ha asegurado que, a lo largo de su vida, se ha enfrentado a diversas actitudes de este tipo: "Te puedo hacer un libro", ha explicado.
Sobre el juicio
El juicio de Montero contra los fotógrafos es el resultado de nueve años de lucha en los tribunales en pos de defender sus derechos. Todo comenzó durante las vacaciones de Semana Santa de 2015, mientras la periodista se encontraba en Bora Bora, lugar estratégicamente debido a su "deseo casi obsesivo de buscar un destino turístico", alejado del foco mediático tras la persecución que sufrió en Maldivas meses antes.
La presentadora, junto a una amiga suya, se alojó en un bungaló del Hotel Intercontinental Le Moana. Ambas "disfrutaron de largos periodos en la terraza frente al mar en la seguridad de que se encontraban en un ámbito de intimidad propia del lugar que en aquel momento constituía su domicilio temporal, permaneciendo en la misma en pijama, en bikini y, en el caso de la Sra. Montero, en algún momento desprendiéndose incluso de la parte superior para tomar el sol", señala la sentencia a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL.
De este modo, Mariló fue fotografiada desnuda, unas imágenes que tuvieron que obtenerse "mediante un potente teleobjetivo desde una embarcación" en otro bungaló del hotel. Se sostiene que "uno de ellos fue reservado por la sociedad DIEGUS, S.L", propiedad de Arrabal y González, "un día antes de la llegada de la querellada", se afirma.
Tales fotografías fueron ofrecidas a la revista Lecturas, sin embargo, el director, Luis Pliego, "entendió que no eran publicables". Las instantáneas no llegaron a publicarse, pero Montero aseguró que pasaron "de mano en mano" en las redacciones de algunos medios.
La Audiencia Provincial de Barcelona no ha podido declarar "como probada, fuera de toda duda razonable tal circunstancia", que los acusados pudieron ser quienes encargaron la obtención de las imágenes. "Lo que no puede negarse es que eran conscientes de la ilicitud de su obtención y de que ésta suponía una clara vulneración del derecho a la intimidad", aluden.