Buenas noticias para Shakira (47 años). Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, una juez ha archivado la investigación penal abierta contra ella por supuesto fraude fiscal en el ejercicio de 2018. Fue este pasado miércoles, día 8 de mayo, cuando la Fiscalía pidió el cierre de esta causa, la segunda de las dos que tuvo abiertas por este delito en nuestro país.
Según informan a Jaleos fuentes jurídicas, además del Ministerio Público, las acusaciones particulares ejercidas por la Agencia Tributaria y por la Generalitat de Cataluña no se opusieron a la petición de la defensa de la cantante de que se archivase la causa en la que había estado investigada por un supuesto fraude de 6,6 millones de euros a Hacienda en 2018.
En el auto judicial de archivo, al que ha tenido acceso este diario, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Esplugues concluye que no existe "indicio alguno" de que, "de manera consciente y voluntaria", Shakira omitiera información y documentación con "trascendencia tributaria" en sus declaraciones del IRPF y del Impuesto de Patrimonio en 2018 al asesor fiscal encargado de sus autoliquidaciones.
Tras conocerse el sobreseimiento de la causa, el equipo legal de la cantante, en su nombre, ha manifestado lo siguiente: "El archivo judicial, que había sido solicitado por la defensa hace más de tres meses, demuestra que nunca hubo comportamiento defraudatorio por parte de la cantante. Nuestra cliente está totalmente satisfecha con que por fin se reconozca que no cometió ningún fraude penal, pero su lucha contra la Agencia Tributaria española no acaba aquí". Así lo ha expresado Pau Molins, abogado defensor de Shakira.
Por su parte, la abogada co-defensora de Shakira, Miriam Company, ha añadido: "No tenía lógica continuar con esta investigación penal en la que la ausencia de dolo era más que evidente y que se sostenía en complicadas teorías y conceptos técnicos de difícil comprensión, incluso para fiscalistas expertos".
Por último, el fiscalista de Shakira, José Luis Prada, ha encontrado oportuno añadir lo siguiente: "Especialmente inconcebible es la causa administrativa que la Agencia Tributaria mantiene abierta contra Shakira por el ejercicio 2011, actualmente pendiente de resolución por la Audiencia Nacional, puesto que se trata de un año en el que era imposible que la cantante fuera residente fiscal en nuestro país. Ese año, Shakira se encontraba de gira por todo el mundo, llegando a dar 120 conciertos en 37 países, y pasó, como máximo, 70 días en España. Es decir, ni la mitad del mínimo requerido para ser residente fiscal en España".
Fin de una etapa
Shakira ya puede respirar tranquila, en tanto que no tiene abiertas más causas con la Justicia española. Fue la Fiscalía de Delitos Económicos la que presentó esta segunda querella por fraude fiscal contra la cantante, pero ahora, tras meses de investigación, ha concluido que no hay indicios suficientes de que cometiera los dos delitos contra la Hacienda pública que se le atribuyen. Hoy se ha conocido el archivo de la misma.
La cantante depositó el pasado 31 de agosto en el juzgado los 6,6 millones que el Ministerio Público y la Agencia Tributaria consideraban evadidos y el pasado mes de febrero declaró como investigada ante la juez, en una videoconferencia desde Miami (EEUU) en la que negó haber defraudado a Hacienda.
Esta causa se deriva de la segunda querella presentada por la Fiscalía de Barcelona contra Shakira, en la que le acusaba de usar un entramado societario para eludir el pago de impuestos en las declaraciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio de 2018, cuando la artista estaba aún a la espera de sentarse en el banquillo a raíz de su primera causa abierta por fraude fiscal.
En aquel juicio, resultado de la primera de las dos querellas y celebrada el pasado mes de noviembre, la cantante colombiana aceptó el pago de una multa de 7,8 millones de euros, tras un pacto con la Fiscalía y la Agencia Tributaria que le evitó el ingreso en prisión, tras asumir que defraudó 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014.
En la querella que ha desembocado en la causa archivada, la Fiscalía sostenía que la cantante defraudó a la Agencia Tributaria 5,3 millones del IRPF, correspondientes a los ingresos que percibió por su gira de 2018 El Dorado y por la cesión de sus derechos intelectuales, y otros 773.600 euros en el impuesto de patrimonio por los 12 millones que posee en inmuebles y activos financieros.
Para defraudar al fisco, según la querella de Fiscalía, se sirvió de un entramado societario y presentó "declaraciones inveraces" del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), en las que omitió declarar rendimientos y se dedujo gastos que no procedían, con lo que logró reducir la cuota a pagar a Hacienda.
Según aquella querella, Shakira cobró parte de los ingresos que percibía por la cesión de sus derechos musicales a través de una sociedad constituida en Luxemburgo con la que firmó varios "contratos simulados", de forma que se benefició de una tributación "muy reducida" que en el ejercicio de 2018 se situó en el 1,39 por ciento.
Esa firma luxemburguesa, en opinión de la Fiscalía, "era meramente una sociedad interpuesta a los únicos efectos fiscales" que no llegó a desempeñar actividad alguna, más allá de una "intervención meramente formal y administrativa".
También refería la querella de Fiscalía que Shakira utilizó otra sociedad instrumental, constituida en España en 2017, para "contabilizar los ingresos y los gastos correspondientes" a su gira El Dorado —que incluyó 53 conciertos en 22 países—, pese a que la firma carecía igualmente de actividad real. Hoy, tras más de una década de lucha, se acaba este viacrucis judicial para ella.