El pasado 18 de mayo varios grupos de la oposición venezolana organizaron manifestaciones a nivel nacional para pedir un referéndum revocatorio sobre la presidencia de Nicolás Maduro, la lucha por la que la Mesa de Unidad Nacional -que engloba a la mayoría de partidos de la oposición- ha recabado más de dos millones de firmas activando la petición oficialmente.

Jeremy Antonio Bastardo Lugo, estudiante de 18 años, participó en la protesta. Esa misma tarde, varios hombres vestidos de civil lo detuvieron a varios kilómetros del lugar de los hechos y lo llevaron a una sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Allí, según su relato en un juicio varios días después, los agentes le golpearon y amenazaron con violarlo con un palo y matarlo con un arma de fuego.

El estudiante asegura los hombres le obligaron a decir que había recibido dinero de dirigentes opositores y que había participado en la manifestación con el propósito de desestabilizar el país. El joven denuncia que también le aplicaron descargas eléctricas, lo golpearon con un bate y amenazaron con abusar de su novia.

Desde entonces, el SEBIN y la Guardia Nacional venezolanos han detenido y encarcelado a 21 personas argumentando que habían planificado, instigado o participado en acciones violentas contra el Gobierno. Un informe publicado este miércoles por Human Rights Watch (HRW) recaba testimonios e información de estas personas.

Otro de los afectados es José Gregorio Hernández Carrasco, estudiante de 20 años. El joven había participado el 18 de mayo en la manifestación y dos días después fue detenido. Según sus declaraciones, recibió descargas eléctricas y le pusieron una bolsa en la cabeza para provocarle la asfixia hasta que cedió a firmar una confesión. Hernández Carrasco asegura que dijo lo que le pedían “para que dejaran de pegarme y no me violaran con el palo”.

En algunas de las instancias judiciales, las pruebas consistían simplemente en la posesión de materiales de contenido político, como panfletos en los cuales se pedía la liberación de presos políticos. El Ministro de Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, acusó a los detenidos de ser responsables de acciones “desestabilizadoras”.

El Gobierno sostiene que diez de esas personas atacaron a policías durante la manifestación, mientras que algunos de los detenidos afirman que ni siquiera participaron en la protesta.

El fiscal indicó que los agentes del SEBIN estaban realizando “labores de patrullaje” cuando encontraron a cada uno de los detenidos mientras causaban daños a la propiedad privada, y procedieron a detenerlos. No especificó cuándo ni en qué circunstancias específicas fueron detenidos. Para HRW, las autoridades no aportaron pruebas creíbles.

La investigación encontró diversos informes policiales y señalamientos de fiscales y jueces que citaban publicaciones políticas lícitas como prueba contra los detenidos. Según las declaraciones de familiares y abogados, 19 detenidos que fueron finalmente llevados ante la justicia no pudieron contactar con ningún abogado hasta minutos antes de la audiencia con el juez (dos de los 21 detenidos inicialmente habían quedado libres). Aunque el plazo máximo legal, establecido por el derecho venezolano, es de 48 horas, el juicio se celebró el 23 de mayo. Para alguno de los detenidos, ya habían pasado cinco días.

Los patrones de maltrato que describieron los detenidos durante el juicio coinciden con otros casos que HRW ha documentado en los dos últimos años en Venezuela. Algunos detenidos señalaron que fueron torturados para obligarlos a confesar delitos, y que agentes del SEBIN grabaron estas confesiones forzadas.

“El Gobierno de Maduro habla sobre diálogo en el exterior, mientras que en su propio país reprime la disidencia política”, ha asegurado José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización. “A menos que se ejerza una enérgica presión regional, el Gobierno venezolano seguirá creyendo que puede continuar castigando brutal y autoritariamente la disidencia, sin que haya ningún tipo de consecuencias”.

El informe de HRW se ha hecho público una semana después de que la diputada opositora Delsa Solorzano afirmara que más de 1.000 funcionarios habían perdido su empleo por firmar para convocar el referéndum revocatorio. Esta consulta es un proceso contemplado en la Constitución.

La primera parte del proceso consiste en presentar 200.000 firmas. Según afirman fuentes de la oposición, en mayo ya se habían recogido casi dos millones.

El principal líder de la oposición en Venezuela, Leopoldo López está recluido en una prisión militar desde  el 18 de febrero de 2014. Allí está en régimen de total aislamiento. En un primer juicio fue condenado a casi 14  años de prisión, pero aún está pendiente la vista de apelación que se celebró el 22 de julio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolanos declaró que el Ejecutivo está a favor del “diálogo y la diplomacia de paz”, pero Maduro ha señalado que el diálogo con la oposición venezolana debe ser “incondicional”. La oposición ha manifestado que, como parte de cualquier diálogo, el Gobierno debe liberar a los presos políticos y aceptar que se lleve a cabo el referéndum revocatorio -en el que, de acuerdo con la Constitución venezolana, se votaría sobre la expulsión de Maduro- durante 2016.

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