La diputada opositora Delsa Solorzano ha afirmado este martes que más de 1.000 funcionarios venezolanos han perdido su empleo por poner su firma para convocar un referéndum revocatorio contra el presidente, Nicolás Maduro, informa El Nacional.

“Ustedes han sido víctimas de una grave violación de derechos humanos”, ha dicho la parlamentaria en una reunión con afectados retransmitida en vídeo.

Solorzano, que preside la comisión parlamentaria de Política Interior, ha indicado que algunas de las entidades gubernamentales que realizaron despidos son la Policía Nacional Bolivariana, la autoridad tributaria (Seniat) o la Corporación Eléctrica Nacional.

“Hasta el 17 de junio yo me desempeñé en la sección jurídico-tributaria de la región capital del Seniat”, ha denunciado uno de los presentes en la reunión.

La oposición impulsa un proceso contemplado en la Constitución para sacar al actual líder del Ejecutivo del poder a través de un plebiscito, pero por ahora el Gobierno se resiste a convocar el referendo.

En mayo, la oposición logró casi dos millones de firmas para completar la primera parte del proceso, muy por encima de las 200.000 requeridas para superar el trámite. Tras semanas de conflicto con el oficialismo, que denunciaba fraude, la MUD anunció a finales de junio que algo más de 400.000 ciudadanos habían conseguido validar sus datos, recoge Efe.

Ahora la MUD aguarda un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) para pasar a la siguiente fase. Varias parlamentarias de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que aglutina a la oposición, se han reunido este martes con un representante del ente electoral para exigir un cronograma para el plebiscito, informa El Nacional.

La corriente del chavismo Marea Socialista también se ha sumado al esfuerzo para revocar el mandato de Maduro.

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