Audiencia de Valladolid

Audiencia de Valladolid Miriam Chacón / ICAL

Valladolid

Un polémico despido llega a los tribunales

El acusado se enfrenta a una pena de prisión de un año y medio de cárcel en un juicio que se celebrará en la Audiencia de Valladolid.

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Este martes, 4 de febrero, se va a celebrar en la Audiencia de Valladolid, juicio contra un hombre que está acusado de un presunto delito de falsedad en documentos privados y que se enfrenta a una pena de prisión de un año y seis meses, como apunta la Fiscalía en el escrito de acusación.

El Ministerio Fiscal apunta que J.A.S.E. “elaboró él mismo u otra persona, actuando de común acuerdo” un escrito en el que un trabajador “solicitaba el cese voluntario” en una empresa con fecha de 14 de julio de 2022 y en el que “había fingido la firma” con “la finalidad de presentarlo como prueba documental en el juicio del Juzgado de lo social número 1 de Valladolid”.

La Fiscalía señala que la abogada del acusado el 1 de febrero de 2023  en la vista oral del juicio, presentó el escrito que “había confeccionado el acusado como prueba documental con la finalidad de que en la sentencia de la magistrada se desestimara la demanda interpuesta por esta persona el 14 de septiembre de 2022”.

La víctima solicitaba al Juzgado que “se dictase sentencia en la que se declarara la nulidad del despido y condenase al acusado a la readmisión, al pago de la indemnización y subsidiariamente fuera declarado la improcedencia del mismo”.

La Fiscalía apunta que durante el juicio el acusado dijo “que el trabajador había informado al hermano en las oficinas de la empresa unos días antes del 31 de julio, que pretendía irse y que el hermano le informó”. Apuntando que “ese papel lo firmó delante de él”.

Por auto del 2 de febrero de 2023, el Juzgado de los Social número 1 acordó la suspensión del plazo para dictar sentencia por la existencia de cuestión prejudicial penal.

La Fiscalía apunta que los hechos son constitutivos de un presunto delito de falsedad en documentos privados, con un delito de estafa procesal en grado de tentativa y pide un año y medio de prisión para el acusado e inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de condena.