Peñaranda reforzará la seguridad nocturna con más patrullas de la Guardia Civil

La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Encarnación Pérez Álvarez, ha copresidido hoy junto a la alcaldesa de Peñaranda de Bracamonte, María del Carmen Ávila de Manueles, la reunión ordinaria de la Junta Local de Seguridad de Peñaranda de Bracamonte, en la que se han abordado aspectos relativos a la seguridad en la localidad. Han participado también responsables de la Guardia Civil y de la Policía Local del municipio, así como miembros del Consistorio.

La subdelegada ha recalcado la importancia de estos encuentros no sólo para cumplir con la legislación vigente sino también para “poner sobre la mesa lo que se puede reforzar” y transmitir a la ciudadanía el trabajo que se realiza por su seguridad entre todos los elementos implicados. “La coordinación es fundamental y es parte del éxito”, ha recalcado.

En este sentido, ha recogido la petición de la alcaldesa de reforzar la presencia de las patrullas de la Guardia Civil en determinadas noches, especialmente del fin de semana. 

La subdelegada del Gobierno también ha destacado el aumento en un 14% de los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de este año para la provincia, lo que amplía las posibilidades de destino de dichas aportaciones para los municipios receptores. Entre ellos, Peñaranda de Bracamonte, cuya Policía Local se encuentra adherida al sistema VioGen. 

Por ello fue una de las asistentes a la jornada de formación impulsada por la Subdelegación del Gobierno, impartida por Policía Nacional y Guardia Civil, sobre dicho sistema, junto al resto de policías locales incorporados al mismo. La subdelegada del Gobierno ha adelantado que, en el terreno de la formación, también quiere trabajarse en el ámbito de los delitos de odio. Asimismo, recomendó al Ayuntamiento sumar un punto LGTBI en casos de celebraciones o grandes concentraciones. 

Las Juntas Locales de Seguridad constituyen órganos de coordinación operativa e informativa que facilitan cauces de canalización que permiten la colaboración de los sectores sociales e institucionales afectados en la correcta planificación de la seguridad pública, lo que redunda, sin duda, en un mayor acercamiento entre la sociedad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, consecuentemente, en una mejor protección por éstas del libre ejercicio de los derechos y libertades públicas reconocidos constitucionalmente.