El Juzgado Contencioso número 1 de Valladolid ha dictado sentencia a favor de un funcionario de la Junta de Castilla y León que fue cesado en el puesto de Jefe del Servicio de Ordenación de Explotaciones de la Consejería de Agricultura "por falta de idoneidad y pérdida de confianza" por parte del ya dimitido Consejero de VOX Gerardo Dueñas y el aún Director General Jorge Izquierdo, también nombrado por la formación de Abascal pero confirmado en su puesto por la actual consejera.
En la sentencia a la que ha tenido acceso este medio del pasado 4 de noviembre, declara la destitución de Diego Álvarez Ruiz "contraria a derecho y nula" ordenando "reponer al tal actor en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenía hasta el momento de ser cesado".
El cese, según publicó el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) del pasado 3 de enero se debía a una “falta de idoneidad y pérdida de confianza" que el juzgado ha demostrado que no era cierta, por lo que este trabajador tendrá que ser recolocado en su puesto de trabajo.
El contenido de la sentencia es contundente y establece la falsedad de los argumentos utilizados para el cese calificándolos, literalmente, de "faltos de veracidad", "absurdos" y "sesgados". Según el funcionario, ahora restituido en su puesto de trabajo, la sentencia pone de manifiesto “una política de personal arbitraria que atiende más a determinados intereses personales que a criterios objetivos de mérito y capacidad” evidenciando, además la "absoluta falta de profesionalidad de los promotores del cese", refiriéndose así a los autores de los informes que sirvieron de base al mismo.
Álvarez es un funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros Superiores (Agrónomos) de la Administración que ocupa el puesto de trabajo desde el 11 de octubre de 2016 y que ahora, tras darle la razón la Justicia, volverá a su puesto de trabajo.
La sentencia desmonta una por una las argumentaciones del promotor del cese para desmentir la "falta de idoneidad" que se argumentó desde la Consejería afirmando que “Asiste la razón al recurrente en cuanto a que, aún teniendo en cuenta la reducción de personal en todas las áreas de estructuras agrarias en los últimos años, la media anual de la superficie concentrada en el periodo en que el actor ha desempeñado su gestión como titular del SOE (Servicio de Ordenación de Explotaciones) ha sido muy superior a la media del periodo anterior".
También afirma que "es más fácil desacreditar el trabajo realizado por el actor con afirmaciones genéricas o verdades sesgadas que probar la falsedad de dichas acusaciones".
Una acción desde la anterior consejería que, expone el funcionario, para “su prestigio profesional en la medida en la que se me atribuía falsamente una supuesta incompetencia”, asegura. Son varios los testigos que han certirficado la versión del funcionario.
Además, la administración tendrá que pagar las costas del proceso.
Hechos ocurridos en enero
Este medio se puso en contacto en enero con la Consejería que atribuyeron el cese “a ninguna cuestión en concreto, sino al desempeño de la labor a lo largo de la legislatura”.
Así, la Consejería, “por razón de la falta de la idoneidad para el desempeño del puesto, que ha dado lugar a la pérdida de la confianza, debidamente motivada en el informe emitido por el Director General de Desarrollo Rural de fecha 22 de diciembre de 2023”, procede al cese del funcionario.
Contra este cese cabía interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, algo que Álvarez hizo y que meses después comprueba cómo la justicia avala su postura.