La Junta de Castilla y León prolonga su particular batalla contra el Gobierno de España. Una semana después de la polémica rueda de prensa del Consejo de Gobierno en la que el vicepresidente Juan García-Gallardo explicaba las medidas 'provida' junto al portavoz Carlos Fernández Carriedo, hoy este último ha reaparecido para anunciar que se “inadmite” el requerimiento del Gobierno por la "inexistencia" del nuevo protocolo. 

Es decir, que el Gobierno de Castilla y León rechaza el requerimiento del Gobierno central para que retire o evite el famoso protocolo antiaborto anunciado ante una posible invasión de competencias por parte de la Comunidad porque, aseguran desde la Junta, ese documento no existe. 

El Gobierno central había anunciado que de no hacerlo, interpondrá ante el Tribunal Constitucional un recurso por conflicto de competencias entre administraciones. En palabras del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, son tres los motivos para no admitir este requerimiento. “Porque no hay existencia del objeto sobre el que se solicita el requerimiento, porque se incumple el requisito que se exige donde se debe especificar los puntos concretos de incompetencia, algo que no ha hecho, básicamente porque no hay acto alguno”, y porque el Consejo de Ministros "no aclara la causa ya que no se justifica la competencia". 

En un esfuerzo por intentar explicar que no existe un protocolo, pese a lo señalado el jueves anterior, sino que se trata de una mejora de la prestación de servicios para las embarazadas, el consejero y portavoz Fernández Carriedo ha cargado contra el Gobierno por buscar una “controversia política pretendiendo mantener en el tiempo un conflicto público entre administraciones con fines políticos” y ante esto, “le animamos a desistir de seguir en esta materia”.

Carriedo ha negado que se haya modificado el protocolo por lo tanto no habrá publicación oficial y en su opinión lo que se hizo fue acordar un conjunto de prestaciones en las mejoras para las mujeres embarazadas. Según ha indicado, se trata de “mejorar las prestaciones y ampliando la cartera de servicios, pero siempre garantizando lo que anunció el presidente Mañueco en su intervención del pasado lunes”.

Ahora bien, García-Gallardo habló hace una semana de que estas normas era algo “imperativo” para los profesionales sanitarios, algo que se ha rechazado posteriormente por parte de la Consejería de Sanidad y por el presidente Fernández Mañueco, y que ha vuelto a reiterar el portavoz Fernández Carriedo. “No se va a obligar a nadie, lo que se va a hacer es mejorar su forma de trabajar”.

Así, también ha manifestado que "el presidente Mañueco dejó claro que cualquier actuación sería voluntaria por parte de la madre y posteriormente aceptada por los profesionales. En ningún caso esto supone una coacción ni para la mujer ni para el sanitario". 

En esta rueda de prensa también le han preguntado por qué no hizo correcciones a lo presentado por García-Gallardo la semana pasada, y el portavoz, lanzando balones fuera, se ha ceñido a que había una nota de prensa que estaba a disposición de todos los periodistas donde se explicaba todo.