RTVE denuncia su exclusión de los debates electorales de Castilla y León

El Comité de Empresa de RTVE Valladolid y los delegados sindicales del ente público en Castilla y León lamentan la exclusión de RTVE para la producción de los debates electorales en la Comunidad Autónoma, y denuncian que "es un ataque a la profesionalidad del personal de RTVE en Castilla y León que, desde hace más de cuatro décadas, viene produciendo información territorial". "Pero, especialmente, es un ataque al derecho de los ciudadanos para acceder a esos debates. RTVE ha presentado la mejor oferta, con la mayor difusión posible, que abarca cuatro plataformas: Televisión, radio, Web y APP, a través de La 1 de TVE para Castilla y León, Canal 24 horas de TVE para difusión nacional, Radio 5 en emisión nacional, RTVE.ES en difusión nacional e internacional y RTVE Play para aplicaciones móviles. Todas ellas emitiendo en directo el debate. Además, Radio 1 haría conexiones con el mismo. Todo ese despliegue propiciaba la mejor manera de llegar al espectador y oyente, tanto al residente en la Comunidad como a los que viven fuera de ella", aseguran.

Ante esa oferta, la Comisión de Medios encargada de organizar los debates ha decidido otorgar la producción a la empresa privada Radio Televisión Castilla y León. El despropósito es mayor al haber DOS debates. "La lógica, el sentido común y el profesional dictan que lo normal hubiese sido que cada grupo emitiera uno de ellos. Pues no. Dicha comisión ha decidido que sea la empresa Radio Televisión Castilla y León la que produzca LOS DOS en su propia sede. Esa decisión se entiende mejor al ver que, en la citada comisión, más de la mitad de los votos están en manos de representantes de medios que forman parte de los dos grupos empresariales dueños de esa televisión privada", denuncian.

Por ello, los trabajadores de RTVE lamentan profundamente dicha decisión en perjuicio de una entidad pública que en Castilla y León ofrece datos de audiencia que rondan el 18 por ciento en sus informativos territoriales. Y, especialmente, porque dificulta la mayor difusión de unos debates cuyo objetivo es llegar al mayor número posible de ciudadanos. "Sentimos mucho que la decisión de la mayoría de integrantes de esa comisión solo haya atendido a criterios empresariales en vez de a datos objetivos, profesionales, periodísticos e, incluso, de sentido común".