Cuando muchos de los políticos actuales eran niños jugaban, jugábamos en el patio del colegio a un juego de persecución un “te pillo y encierro” policías y ladrones, éramos juez y parte cada uno decidía sobre la libertad del otro. Ayer la buena fe y el acuerdo entre los jugadores aceptaban las reglas “te he pillado vas a la cárcel” no necesitaban ningún juez, ningún figurante que hiciese ese papel.

Hoy la política, no toda, rememora aquellos tiempos de niños en los que eran jueces. Hoy pretenden tener la misma influencia la misma capacidad de decidir, quieren ser políticos, jueces y parte o, al menos, controlar esa parte que hoy es incontrolable y para ello se intercambian sus cromos (otro divertimento infantil llevado a la política) en la creencia de que son suyos, quieren poseerlos, ser parte o todo en el sistema judicial, jueces que sentencian o influyen en los procesos judiciales, quien es un buen político quien es un político ladrón, pero no quieren hacerlo en base a la Ley.

Quieren (la justicia) al capricho de sus intereses no la quieren ciega, independiente e imparcial la quieren tuerta porque algo tiene que ver “tiene que acertar el tiro”

Quieren una justicia sin ley. Sin normas. Sin reglas. La quieren ideologizada para que se avenga –repito- a los intereses de los partidos, no la quieren del lado de quien revisa, observa e impone con independencia el derecho la Ley, no la quieren equitativa y justa.

“Para dar a cada uno lo suyo” decía Ulpiano.

Lo que es insultante, tragicómico y dramático por el tema que tratamos es que (aquellos que quieren abolir la prostitución ansían una justicia prostituida y otros, que dicen defenderla, en connivencia, juegan el papel de chulos del derecho) Sí me estoy refiriendo en un caso al PSOE y sus adláteres y en el otro al PP y su compañía. Quien no entienda que estos juegos de club de alterne no afectan a la tutela judicial efectiva no saben cuánto en peligro se encuentran los derechos de todos los ciudadanos.

No hay que subrayar mucho para dar a entender que la falta de independencia judicial, una separación contundente del poder judicial afecta a un derecho tan fundamental como es el que viene recogido en el art 24. Expone este artículo lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a conseguir la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún de los casos, pueda originarse indefensión”

Ahondemos en el significado de la “Tutela efectiva” Sobre todo en esta última palabra:

Efectiva 1. Como adjetivo, cuenta con dos acepciones principales: 'real o verdadero'. Aplicado a cosas, 'eficaz, capaz de conseguir el efecto que se desea'. El CGPJ al no ser independiente nunca podrá ser efectivo, real y verdadero. No será eficaz, capaz de lograr el efecto que se desea y, por tanto, contrario a la Constitución.

La separación de poderes Como señala Duverger: “Es un principio asociado a la concepción del Estado Democrático y liberal. Alineado con al Artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789 que liga la existencia de la constitución a la garantía de la separación de poderes y los derechos”. Y más claramente el art 10 de la declaración de derechos humanos.

Ya decía Savigny: “Una democracia sin constitución no es democracia” A mi entender que sea débil y confusa es lo mismo, da como resultado una Constitución como la que hoy tenemos, la de una democracia a medias, débil y confusa.

Vista la facilidad con la que el poder político se entromete y manosea la conformación del poder de los jueces, no debe ubicarse la norma de cómo se conforma el poder judicial en una parte de la Constitución que pueda ser alterada por la puerta de atrás como ocurrió en 1985 con la Ley Guerra del poder judicial y que ha dado pie a la perversión que hoy se está incubando.

A mi modo de ver, la independencia judicial, de cómo se establece o se conforma el poder judicial, su número y por quien es elegido (la política debe ser ajena en su totalidad) y ligándola a la efectividad de la tutela judicial, más que un principio debe ser un derecho de los ciudadanos y además, súper protegido dentro de la Constitución. Debe ser un añadido una parte del Art 24 en consonancia con la tutela judicial efectiva en él anunciado. De esta manera quien ose reformarlo, deberá tener mayoría cualificada de dos tercios de ambas cámaras y el beneplácito del pueblo reflejado en un proceso democrático como es el refrendo constitucional. Así lo dispone el art 168.

Una justicia independiente debe ser un problema para los políticos (según se comporten) y un derecho más de y para los ciudadanos.