La Constitución Española establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. También que las demás lenguas españolas serán oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. Por tanto este precepto permitiría que en una Comunidad Autónoma con dos lenguas, dos de sus habitantes pudieran comunicarse, empleando uno el castellano y el otro, por ejemplo, el catalán.
Durante los años que viví en Baleares lo practiqué con bastante éxito. Como castellanoparlante nunca pedí a un catalanoparlante que se expresase en castellano para hablar conmigo, con lo que su derecho quedaba garantizado y el mío también. Esta premisa aderezada con un poco de respeto, de comprensión y de empatía funciona siempre.
En su artículo 3 la Constitución establece los límites y las garantías que los nacionalistas, excluyentes y supremacistas en su esencia, no aceptarán jamás. Por ello a partir de 1978, aprovechando los complejos de una España noqueada por 40 años de dictadura, fueron introduciendo en los distintos Estatutos de Autonomía que se aprobaban, el concepto de "lengua propia” para llevar a cabo un plan de lenguas tan excluyente como el de la dictadura, pero esta vez en sentido inverso. El concepto de “lengua propia” de un territorio (¡como si el cabo de Formentor hablara catalán o el de Finisterre gallego!) permitió después proyectos educativos que normalizaron la inmersión en catalán o su exigencia para acceder al funcionariado de las administraciones autonómicas.
Sobre la premisa de “lengua propia”, la lengua, consagrada como riqueza y patrimonio cultural, se convirtió en el principal instrumento para “hacer país”, un país por supuesto ajeno a España y a lo español. Al proyecto contribuyó toda una maquiavélica ingeniería nacionalista guiada por los Goebbelianos principios de victimismo, demagogia, cinismo y manipulación.
Pues bien, sólo teniendo en cuenta esta evolución de los acontecimientos se puede entender lo que implica la imposición del catalán como requisito para los profesionales de la sanidad balear.
Para evitar confusiones conviene desbrozar el asunto de falacias abonadas por el actual gobierno ultranacionalista de Baleares, presidido por Armengol. Es decir, es totalmente falso que esta imposición persiga facilitar el ejercicio del derecho de los usuarios de la sanidad a expresarse en catalán. No existe el problema. La medida es sólo un paso más en el camino hacia el ideal nacionalista, al igual que lo es la inmersión en catalán en la educación, las subvenciones a quien sólo rotule en esta lengua, o regalar camisetas a los niños animándolos a que sólo jueguen en catalán en los recreos del colegio...
Pero, como decía, al plantear esta imposición del catalán a los profesionales maquillándola como una defensa del derecho de los usuarios a ser atendidos en catalán se consigue que quien rechace dicha imposición, automáticamente sea catalogado como enemigo de la lengua catalana, del pobre pueblo catalanoparlante colonizado por el imperio y, de paso, como un facha redomado, heredero del franquismo más rancio con olor a naftalina.
Lamentablemente esta ceremonia de la manipulación y del victimismo surte efecto. Ciertamente la oposición al catalán como requisito por parte de los pocos que han mantenido el tipo y los principios, es decir, el Sindicato Médico de Baleares, ha pecado en mi opinión de de excesiva prudencia, al emplear sólo el argumento de la falta de profesionales en las Islas como razón fundamental para rechazar el requisito de conocer la lengua catalana. ¿Se ha de entender entonces que si hubiera médicos o enfermeros suficientes el requisito estaría justificado?. ¿Estaría justificado usar la lengua para cerrar las puertas a futuros profesionales y favorecer los fines nacionalistas? Sólo el conocimiento del tremendo esfuerzo y desgaste que supone defender ciertos postulados en una sociedad bajo gobiernos manejados por un nacionalismo extremo, como el caso de Baleares, permite entender el planteamiento.
Finalmente, la imposición del catalán en la sanidad balear es un buen ejemplo de cómo el nacionalismo es capaz de engatusar cediendo en lo pequeño para lograr lo importante. La inestimable colaboración del Sindicato de Enfermería ha permitido al Gobierno nacionalista alardear de “aprobación con gran consenso”, refiriéndose a lo que ha sido una imposición en toda regla. El Sindicato de Enfermería acepta que a las enfermeras que hoy trabajan en Baleares se les mantenga el requisito de catalán un poco descafeinado y se les permita presentarse a la próxima OPE. A cambio el nacionalismo logra que dentro de dos años, ningún profesional de enfermería pueda obtener una plaza en Baleares, ni acceder a la carrera profesional sin el pertinente título de conocimiento de catalán. Pero para entonces... ¿quién se acordará de esta traición?