De los 60.000 trabajadores públicos del Gobierno de Aragón, más de la mitad son temporales, y los sindicatos calculan que unos 17.000 llevan más de tres años como interinos, el máximo permitido por la ley. Entre ellos se encuentran empleados de todos los departamentos y perfiles, desde sanidad, educación o servicios sociales, hasta responsables de mantenimiento o limpieza, que acumulan, en ocasiones, decenas de contratos uno detrás de otro, sin tener ninguna certeza de cara al futuro.
Es el caso de Marta García, que ha estado tres años y medio como administrativa en el Servicio Provincial de Educación de Zaragoza, y que será cesada en los próximos días, “como a muchas otras compañeras”. “Somos gente con una edad en la que ya es difícil incorporarse al mercado laboral. Son plazas de niveles bajos, que no quieren funcionarios de carrera, ya que la carga de trabajo es elevada y los sueldos no son tan altos”, ha señalado.
En esta ocasión, además, se ha unido una incertidumbre en torno a su plaza, ya que, en las últimas horas, la han llamado para contarle tanto que se podría quedar en el trabajo como que no era posible. “Mi directora me llamó por la mañana para decirme que habían conseguido rescatar a los interinos. Unas horas después me llamó y me dijo que no, que no iban a rescatar a ningún interino. Es un cachondeo. Están jugando con la salud de las personas”, ha señalado Marta.
Todo ello, pese a “haber intentado dar un buen servicio” aún “jugándonos la salud”, incide. “Nos falta muchísimo personal y no podemos abarcar el trabajo. Es intolerable. Pido que el Gobierno de Aragón se dé cuenta de que esto no es así y que las personas somos el valor más importante para sacar adelante un servicio público de calidad”, ha añadido.
25 años de interina para lograr el puesto… sin derechos
En el lado opuesto se encuentra Amparo Zunzunegui, enfermera que ha necesitado de 25 años como interina en el Hospital Miguel Servet para lograr, a los 61 años, la plaza en el concurso de estabilización.
Sin embargo, su situación no es, tampoco, sencilla. Después de una primera etapa de diez años y una segunda de 15 en el hospital, su último contrato lo firmó en febrero en la Atención Primaria, lo que hizo que perdiera derechos como la exención del turno de nocturnidad para mayores de 55.
“Si volviese al hospital, estaría obligada a hacer noches hasta mi jubilación. Soy de los afortunados, pero me llega tarde. La plaza me obligaría a volver al hospital y la nocturnidad, perdiendo derechos. No sé qué voy a hacer. O espero a que me den más contratos, o volver al hospital sin los derechos que habría adquirido”, ha contado.