Unos 500 trabajadores interinos del Gobierno de Aragón serán despedidos el próximo viernes 1 de noviembre cuando se incorporen a sus destinos los funcionarios de carrera del segundo macroconcurso de traslados. Son empleados de diversos sectores, en algunos casos incumpliendo las directrices europeas sobre el abuso de temporalidad.

Este es uno de los casos de “ceses masivos” que desde el sindicato Stepa han querido denunciar con la colocación de sillas vacías frente a la sede del Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón. “Faltan médicos, faltan profesores, faltan administrativos… y sin embargo siguen los ceses masivos de personal interino en abuso de temporalidad, generando cada vez más y más miles de puestos vacíos, en lugar de estabilizarlos como dictan las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la propia legislación nacional”, han expuesto.

En la DGA trabajan en la actualidad más de 60.000 personas (incluyendo todas las áreas como Sanidad, Educación, etc.), de las que más de la mitad (50,3%) son temporales, según los últimos datos oficiales. De esos 30.400 interinos, algunos llevan poco tiempo y cubren necesidades puntuales, pero otros –según Stepa, más de 17.000- acumulan más de más de tres años, el máximo legal, y llevan desempeñando en abuso continuado de temporalidad funciones estructurales, por lo que deberían ser estabilizados para ajustarse de una vez a la normativa europea y nacional.

El próximo “despido masivo” de interinos tendrá lugar este viernes 1 de noviembre, cuando tome posesión definitiva el personal que se encontraba en destino provisional y se incorporen a sus nuevos destinos los más de 600 funcionarios de carrera del segundo macroconcurso de traslados que lleva a cabo Función Pública en la Administración General.

Desde el sindicato sostienen que esta medida únicamente busca “maquillar” los datos de temporalidad, “intentándose acercar al 20%”. “Si se hacen las cosas bien, se debería ampliar el número de puestos de trabajo en las convocatorias de concurso para estabilizar un gran porcentaje de personal en fraude. Sabemos que eso no cumple con la directiva europea, pero sería un parche”, ha añadido Pilar Ramírez, miembro del Secretariado de Stepa.