Varapalo judicial del TSJCV a la reversión del hospital de Torrevieja en tiempos de Ximo Puig (PSPV-PSOE)

Casi tres años y medio después de la polémica reversión a la sanidad pública del hospital universitario de Torrevieja, del 16 de octubre de 2021, la Generalitat Valenciana con el gobierno autonómico del popular Carlos Mazón debe hacer frente a los errores cometidos por el entonces Consell de Ximo Puig (PSOE-Compromís-Podemos). Errores que llegan ahora en forma de sentencia judicial.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dictó el pasado 23 de diciembre una sentencia que se ha notificado ahora en la que declara nulo el despido de una treintena de trabajadores del Laboratorio UNILAB que realizaba los análisis clínicos y pruebas diagnósticas en el hospital de Torrevieja durante la concesión en la gestión público-privada del grupo Ribera Salud, que había construido el hospital universitario de la localidad alicantina.

En la sentencia, contra "Torrevieja Diagnósticos SL" que se creó en 2020 y la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, el tribunal condena a la administración autonómica a readmitir a los trabajadores afectados en sus puestos de trabajo de acuerdo con la ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

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Además, deberá pagar los salarios que han dejado de percibir estos trabajadores y que se estima en 600.000 euros. Además, todos los meses que se demore en la readmisión, ese coste aumentará en 120.000 euros más de penalización. 

Se da la circunstancia de que la reversión del hospital, frente a la que se habían posicionado trabajadores sanitarios y usuarios, se realizó sin ningún tipo de negociación por parte de la consellera Ana Barceló -hoy portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alicante- por razones ideológicas. Y la sentencia recoge cómo el personal de UNILAB, "que prestaba servicios para Torrevieja Salud [Ribera Salud]" solicitó "que la Conselleria se subrogase como empleador al igual que lo hizo con el personal del hospital tras la reversión".

De hecho, Barceló intentó crear una "empresa pública" para asumir la subrogación de más de un millar de trabajadores y sus socios de gobierno se negaron, por lo que se utilizó la fórmula que ya se había usado en Alzira de "personal laboral en extinción". Curiosamente nadie entonces y se so de que muchos altos cargos de la Conselleria permanecen en uno u otro puesto pese al cambio de gobierno, pensó en esta treintena de trabajadores.

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La sentencia afirma que "lo cierto es que tras la reversión del hospital a la Administración no hay razón objetiva alguna que justifique que el personal de laboratorio no fuera objeto de reversión dado que el mismo, reiteramos, presta, al igual que el resto del personal del Hospital, un servicio que está incluido en la cartera de servicios del Servicio Nacional de Salud".

Y añade: "De hecho el personal del hospital, también el del laboratorio, ha continuado prestando servicios en el hospital sin solución de continuidad habiéndolo hecho el personal de laboratorio últimamente bajo el disfraz formal del contrato de emergencia, y solo cuando se ha visto que la empresa Torrevieja Diagnósticos SL tramitaba un despido colectivo que afectaba a toda la plantilla, es cuando se ha planteado la determinación de quien fuera el verdadero empresario, si formaban parte de la adjudicación a la UTE, la vigencia de la subcontratación que se efectuó y en fin incluso la cesión ilegal de los trabajadores primero a la UTE y luego a la Consellería por formar parte de una sola explotación".