Se trataba de una visita rutinaria por parte de las trabajadoras sociales pertenecientes a la Entidad Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha) de la Generalitat Valenciana. Su función era la de inspeccionar las viviendas que había adquirido el gobierno valenciano para destinarlo a viviendas sociales. Pero la rutina se rompió cuando tuvieron que llamar hasta en dos ocasiones a la Policía Municipal de Monóvar, una pequeña localidad alicantina donde se encuentra el edificio, para advertirles de la existencia de tres plantaciones de marihuana. El resultado es que dos personas están siendo investigadas y 632 plantas han sido decomisadas. 

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También se han decomisado utensilios para su cultivo, en una intervención llevada a cabo este lunes a requerimiento del Departamento de Servicios Sociales del Consistorio y dos trabajadores sociales de la EVha, que tenían que inspeccionar las viviendas para regularizar y normalizar contratos, se puede leer en una nota de prensa del Ayuntamiento de Monóvar. 

Las diligencias, que han quedado a disposición judicial, han sido remitidas tanto al juzgado de instrucción de guardia como al puesto de la Guardia Civil de Monóvar. La teniente de alcalde y concejala de Policía y Seguridad Ciudadana, María Amparo Maestre, ha felicitado a los miembros del cuerpo policial del municipio y al personal de la corporación local por "su labor ante esta circunstancia".

"Esta actuación supone un paso más para regularizar la situación del edificio en cuestión”, ya que, “gracias a la adquisición por parte de la Generalitat Valenciana, de estos inmuebles, se conseguirá deshacer el gueto de delincuencia que se estaba creando y regularizar la situación de aquellas familias que vivían allí, las cuales, a partir de ahora, estarán protegidas por el EVha”, ha indicado Maestre. 

Con respecto a los inquilinos, supuestamente responsable de las plantaciones de marihuana, la regidora de Seguridad Ciudadana ha indicado en redes sociales que "hasta la fecha lo eran de propiedades privadas, no de vivienda pública", ha respondido a una usuaria que ponía en duda que la droga plantada había sido en suelo público. "Es ahora cuando se han adquirido las viviendas por parte de la Generalitat cuando se está regularizando cada una de las situaciones anómalas que puedan existir, y evidentemente el que no cumpla con las condiciones que exige la Generalitat tendrán que abandonar las viviendas", ha concluido.

El bloque donde ha intervenido la Policía Municipal consta de 34 viviendas y 24 garajes dentro de un mismo edificio que han sido adquiridos por el Gobierno valenciano gracias a la aplicación del derecho de adquisición preferente por casi dos millones de euros.