La gestión de la consellera Ana Barceló está siendo uno de los principales puntos de conflicto social en la Comunidad Valenciana, con la Administración autonómica y los principales representantes de colectivos sanitarios (médicos y enfermeras) en un conflicto permanente. El último anuncio de Barceló sobre la creación de 6.000 plazas estructurales a partir del mes de mayo, lejos de calmar las aguas, ha vuelto a poner en pie de guerra a prácticamente a todos los departamentos de salud tan dispares como el del General de Castellón o el de Alcoy, donde el pasado jueves 25 supervisores de área presentaron su dimisión.

¿Qué es lo que está fallando? De los múltiples comunicados diarios criticando la gestión sanitaria (solo esta semana los colegios de médicos, los neumólogos, el personal del Hospital de Torrevieja o el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana), todos coinciden en un punto: la falta de comunicación. Los profesionales critican que no se les tenga en cuenta a la hora de adoptar decisiones técnicas, como por ejemplo con qué personal reforzar y dónde. 

Es exactamente la misma crítica que se ha hecho con el nuevo plan de Atención Primaria, que la consellera ha presentado ya tres veces sin consensuarlo con los profesionales. Y eso cuando llevan meses denunciando una carga de trabajo y una forma de estructurar las plantillas que, según aseguran, es "deficiente". 

De hecho, si la Conselleria no cambia el rumbo es muy probable que la situación vaya a peor, y le espere un "verano caliente" a Ana Barceló. 

Una relación tormentosa

La creciente tensión entre Barceló y los sanitarios se lleva fraguando toda la pandemia. Desde que la titular de Sanidad acusase a los sanitarios de contagiarse en sus vacaciones, la brecha entre los principales colectivos y el Ejecutivo del Botánico no ha hecho más que agrandarse. Por el momento las cifras demuestran que la Sanidad valenciana ha sido la que más sanitarios contagiados ha registrado de España durante toda la pandemia (más de 22.000), sin que se le pusiese remedio en ningún momento. 

Este divorcio ha tenido también repercusiones directas en los juzgados. Hasta tres tribunales han condenado a Sanidad por desproteger a los médicos durante la primera ola de la Covid y no proporcionarles material adecuado. Los jueces han reconocido el derecho de los facultativos a percibir una indemnización que podría superar los 49.000 euros, aunque la Generalitat ha recurrido los fallos. 

Sanidad también ha sido condenada por no vacunar a tiempo a los profesionales de la privada tras una denuncia del Colegio de Médicos de Alicante. No solo eso, sino que Barceló aseguró posteriormente en sede parlamentaria que nunca se le había requerido. Las declaraciones indignaron a los galenos, quienes exigieron una rectificación inmediata. Posteriormente la propia consellera reconoció en una respuesta al grupo de Cs que se le había solicitado hasta dos veces desde los órganos colegiales. 

Pero no se trata solo de una cuestión pandémica. Para entender el malestar creciente hay que fijarse en departamentos de salud como el de Alcoy, que lleva meses denunciando la situación precaria, con manifestaciones, cartas a la dirección y dimisiones en bloque. 

Otro ejemplo se da en el hospital revertido de Torrevieja, cuyo personal también ha criticado el "caos" en el que está sumido el servicio, con externalizaciones de asuntos tan básicos como las radiografías o pacientes hacinados en los pasillos. 

¿Un misil a las aspiraciones políticas de Barceló?

Así las cosas, es muy probable que la gestión de la consellera tenga repercusiones en su futuro político, que muchos ubican al frente del PSOE de Alicante como candidata a la Alcaldía. En el partido consideran que solo alguien del peso orgánico y con el carácter de Barceló es capaz de domar al exsenador Ángel Franco, el hombre que mueve los hilos del socialismo alicantino desde hace décadas. 

De momento el equipo de Gobierno de PP y Cs ya ha empezado a atacar la gestión de la titular valenciana de Sanidad en la ciudad, al criticar que no haya hecho "ni un centro de salud en ocho años en la ciudad". Y de seguir así, la conflictividad con los sanitarios podría ser uno de los principales argumentos de sus rivales políticos en 2023, en un tema tan sensible para la izquierda como la gestión de la sanidad pública.