El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha emitido una nueva denuncia ante la "inacción de la Conselleria de Sanidad" y "su actitud conformista al dejar tanto a la población residente, como aquella que se desplaza para pasar sus vacaciones, sin adoptar las medidas necesarias para subsanar los problemas de cobertura del personal médico de las unidades SAMU de las tres provincias".

La consecuencia inmediata de la gestión de la Conselleria, denuncia el colectivo, en los meses de verano, es que las diferentes unidades SAMU de la Comunidad se encuentran desprovistas de personal médico gran parte de los días. Solo en la provincia de Alicante quedan por cubrir con médico cerca de 40 guardias en diferentes bases, y en torno a 50 guardias en el mes de septiembre. 

Desde el sindicato aseguran que en julio la situación ha sido similar, y ha provocado que en un mismo día no hubiera médico en dos unidades SAMU cuya área de influencia es el centro de la ciudad de Alicante. Destacamos la importancia que tiene para la población, de cara a la asistencia sanitaria prestada, contar sin un médico en los Servicios de Emergencias y unidades

Sin SAMU

Los profesionales aseguran que el manejo precoz de determinados procesos tiempo-dependientes (accidentes de tráfico, infartos, semiahogamientos, etc.) por parte de personal médico cualificado, es de vital importancia para el pronóstico de estos pacientes.

La ausencia de la figura del médico en unidades SAMU acarrea consecuencias dramáticas para la población además de trasladar la responsabilidad jurídica a personal sin la cualificación necesaria para el ejercicio de estas funciones.

La lamentable situación actual no es casual y es consecuencia de las diferentes decisiones que ha adoptado la Conselleria como la amortización de plazas de médicos jubilados y eliminación del 6º equipo de médicos, cuya función era, entre otras, facilitar la cobertura durante el periodo vacacional.

También la precarizarización de la formación proporcionada por la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES) para la obtención del Diploma de Transporte Sanitario Medicalizado (obligatorio para el ejercicio de todo médico SAMU), de forma que de las 150 horas iniciales, se ha pasado a las actuales 44 horas.

El CESM denuncia que las soluciones adoptadas hasta el momento por parte de la Conselleria han sido del todo ineficaces: el desplazamiento del personal médico de unas bases a otras, y en consecuencia dejar sin cobertura médica otras zonas.

También, ofertar horas extraordinarias a los facultativos disfrazadas de “productividad” para la cobertura de vacaciones, permisos o sustituciones de personal en situación de incapacidad temporal, a un importe por debajo de la remuneración ordinaria de estos facultativos y sin reconocimiento como horas extraordinarias.

Además, insisten en que legislar para mantener unidades SAMU sin médico, dotadas únicamente con técnico de transporte sanitario y enfermera, cuyas funciones en ningún caso pueden suplir a las realizadas por personal facultativo, todo ello al margen de la Parte Social, que no ha tenido la oportunidad de aportar soluciones alternativas a este desatino e ilegalidad.

Toda la gestión de la Conselleria, resumen desde el sindicato, unida a la pretensión de unificar el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), parece que tiene por objetivo la descomposición del Servicio de Emergencias Sanitarias.

Mediante la eliminación de la figura del médico en el mismo, con el único pretexto del ahorro de costes a corto plazo ya que a medio y largo con toda seguridad se incrementarán en coste y sobre todo en vidas. 

El CESM-CV considera negligente la gestión de la Conselleria en este tema e insta a la celebración de una mesa técnica de urgencia para plantear nuevas medidas que traten de paliar esta situación provocada por la Conselleria y advierte que no tolerará que la Conselleria culmine su hoja de ruta de eliminar al personal médico del Sistema de Emergencias Sanitarias y para ello utilizará todas las herramientas que tenga a su alcance para defender los intereses de los ciudadanos y de nuestro colectivo.