Los líos por la reversión del hospital de Torrevieja a la Sanidad pública valenciana el próximo 15 de octubre continúan. La Conselleria que dirige la socialista Ana Barceló se niega a negociar las condiciones laborales con el comité de empresa y tan solo habla con la "mesa sectorial", compuesta por los sindicatos en representación autonómica.
Todavía queda por comprobarse que la Conselleria tenga los informes económicos que a partir de ahora exigirá el Tribunal Supremo para cualquier tipo de reversión de servicios, tras sentar jurisprudencia con su caso de Alzira.
Los últimos perjudicados por esta situación son un total de 48 trabajadores "fijos discontinuos" contratados por la concesionaria Ribera Salud, a quienes ya se les ha comunicado que no se les renovará el contrato. Todos ellos han recibido un mensaje similar.
Mensaje recibido desde Recursos Humanos de Torrevieja.
Esta situación ha sido llevada por sindicatos UG, CCOO e Independiente al Tribunal de Arbitraje y la Conselleria se negó a manifestarse al respecto. Por lo que se han visto obligados a llevarlo a los tribunales ordinarios y habrá una vista el próximo 9 de septiembre.
Desde estos sindicatos recuerdan que ellos representan a 1.400 trabajadores con convenio colectivo firmado con la concesionaria frente a los 53 trabajadores "estatutarios" dependientes de la Conselleria. Razón por la que no entienden que desde el área de Barceló se les ignore.
Hoja de ruta
La Conselleria de Sanidad abrió ayer la información pública el proyecto de decreto para la integración del personal del departamento de salud de Torrevieja. Durante un plazo de siete días, a contar desde este miércoles tras la publicación del anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), se podrán presentar alegaciones, sugerencias u observaciones de las personas o entidades.
Desde sanidad aseguran que a mediados de julio, "la Mesa Sectorial de Sanidad con los sindicatos más representativos respaldó de forma unánime este proyecto de decreto que regula los efectos de la extinción del contrato de gestión privada del departamento de Torrevieja en materia de personal y fija la nueva condición de los trabajadores como empleados públicos".
Una vez finalice el contrato de gestión privada el 15 de octubre, la Generalitat se subrogará como empleador, incorporará a los trabajadores y mantendrá su relación bajo la nueva condición de personal laboral a extinguir. "Esto supone que seguirán desempeñando sus tareas con las mismas condiciones contractuales, de acuerdo con la normativa vigente".
El decreto garantiza la continuidad de todos los trabajadores, que dejarán de estar ligados a la concesionaria y pasarán a prestar sus servicios bajo la dependencia orgánica y funcional de la Conselleria de Sanidad Universal.
Desde el departamento de Ana Barceló, que apostó por una empresa pública que sus socios de Gobierno tiraron abajo, destacaron que este proyecto supone un paso más en el proceso para garantizar con "total seguridad jurídica" la integración del departamento de Torrevieja. Todo bajo el modelo de gestión pública directa, "una hoja de ruta diseñada con previsión, transparencia, planificación y diálogo con todas las partes".