Empleadas domésticas y con recursos económicos, así cambia el perfil de las personas sin hogar

Trabajadores sociales de Valencia alertan de un cambio de perfil de la situación del "sinhogarismo", con vivienda insegura o que tienen dificultades de acceso, ya que cada vez atienden a más personas que disponen de recursos económicos y crecen además los casos entre empleadas domésticas.

Así se desprende un estudio realizado por el Colegio Oficial de Trabajo Social de València (COTSV) sobre el acceso a la vivienda, que evidencia la grave situación en el ámbito provincial, según los datos recopilados a través de encuestas entre los profesionales del Trabajo social.

El estudio diagnóstico del COTSV señala que tradicionalmente el perfil de personas en situación de sinhogarismo respondía, a su vez, a situaciones de exclusión social, pero se ha producido un cambio significativo y el perfil es cada vez más heterogéneo.

Así, se atiende con frecuencia a personas que, a pesar de disponer de recursos económicos, ya no pueden acceder o mantener el alquiler de una vivienda completa ni de habitaciones en pisos compartidos, informa el colegio.

Asimismo, las profesionales del Trabajo Social han detectado un nuevo perfil de personas empleadas domésticas, principalmente mujeres que son contratadas como cuidadoras internas en domicilios, cuya pérdida de empleo lleva asociada la pérdida de su vivienda habitual.

Familias con menores 

El estudio también destaca el incremento de las situaciones de pérdida de vivienda entre unidades familiares con personas menores de edad a cargo, lo cual "pone en evidencia la situación de pobreza y especial vulnerabilidad en la que se encuentran la infancia y la adolescencia".

El COTSV denuncia además el incremento exponencial del precio de las viviendas alquiladas y de las habitaciones alquiladas en pisos compartidos observado en los últimos años, el cual está obligando a muchas personas a destinar a este pago hasta un 80 % de sus ingresos disponibles, teniendo que priorizarlo sobre la cobertura de otras necesidades básicas.

De hecho, el pago del alquiler supone para determinados colectivos un gasto superior a sus ingresos, lo cual genera deudas que, en algunos casos, les lleva a perder la vivienda.

A ello se suma que las ayudas públicas son, actualmente, insuficientes porque no se han actualizado de acuerdo con la realidad, añaden desde el colegio.

Alerta asimismo de que los precios actuales están fomentando el subarriendo de habitaciones de manera irregular como alternativa, una situación que conlleva diferentes abusos (estafas, restricción del derecho de uso de suministros por su coste extra, expulsiones de la vivienda por dificultades en la convivencia…) y nuevas problemáticas, como el hacinamiento de familias completas en habitaciones o la menor protección ante desahucios.

"Cada vez se identifica a más mujeres jóvenes, en muchos casos migrantes, que son 'acogidas' en viviendas en manos de varones solos", añade.

Por otra parte, desde el COTSV apuntan que muchas personas con viviendas en propiedad están viendo dicha subida de precio como una oportunidad para incrementar sus ingresos, lo cual propicia la revisión de contratos con importantes aumentos en la mensualidad y los desahucios.

Además, el acceso a la vivienda se ha complicado por el endurecimiento de los requisitos para que una unidad familiar o una persona sea aceptada como inquilina.

Todo ello está acrecentando las discriminaciones frecuentes a las que se enfrentan las personas con problemáticas sociales asociadas o cronificadas, las personas mayores y las personas racializadas, advierte.

Compra de empadronamientos

Otra de las realidades sobre las que el COTSV alerta en su estudio diagnóstico es el negocio ilegal de compra de empadronamientos

Desde el colegio profesional proponen medidas como "la repoblación de zonas despobladas", la activación real de la llamada Xarxa Llogat para incentivar el alquiler de viviendas a través de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda con garantías en cuanto a condiciones y seguro de impagos, o el incremento del parque público asequible de vivienda de titularidad de la Generalitat y de los ayuntamientos.

También plantea la necesidad de contar con equipos de intervención social en el seno de la Conselleria con competencias en materia de vivienda y que también se incorpore la perspectiva social e integrada en las políticas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.