La semana pasada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sacó adelante la Ley de Amnistía para los golpistas del procés en el Congreso de los Diputados. Después, el PP la ha bloqueado por el momento en el Senado y el bloque conservador del CGPJ la ha considerado esta misma semana "inconstitucional". Entre tanto, la cabeza visible de los golpistas, Carles Puigdemont, anuncia que no se quedará ahí y vuelve a sacarse de la manga "el derecho a decidir" para convocar un referéndum de independencia. 

Habrá quien todavía considere que este asunto compete solo a los catalanes, pero desde una visión amplia dista mucho de ser así. Por eso me permito traer a estas líneas al filósofo José Antonio Marina, que el mes pasado publicó en Ariel su Historia universal de las soluciones. En busca del talento político.

Y es que en este ensayo, además de trazar las líneas generales de un nuevo concepto heurístico de la historia que conduzca a la "Gran Política", la de las soluciones y no la de los conflictos, se detiene especialmente en el caso catalán como ejemplo de abordar "los conflictos". Y en su análisis queda claro que no se trata de un problema regional, sino que afecta a todos los españoles. También a los alicantinos.

Así, Marina insiste en la necesidad de abordar este tipo de situaciones políticas desde la lógica de los "problemas" que pueden ser resueltos sobre la base de que todas las partes tienen que ceder y todas pueden ganar, frente a la lógica de los "conflictos" en los que solo puede ganar una parte. Es decir, debemos buscar un planteamiento como un juego de "suma positiva" o "win-win".

Se trata de un asunto muy interesante, sobre todo si como parece que se está encaminando el problema, terminará en una consulta popular entre catalanes o entre catalanes y el resto de españoles. 

Para entender de qué estamos hablando lo primero que tendríamos que tener claro, señala el autor, es que mientras que la política interna está basada en el Derecho, la Democracia, el respeto de los derechos individuales e incluso colectivos, y el juego de contrapoderes, en la política internacional no se juega con estas reglas. Se trata de una política basada en el "poder" y por tanto, en la "dominación". No se trata de deba o deba ser así, sino de que lo es y poco podemos hacerlo para cambiarlo.

Y es importante tenerlo en cuenta porque los procesos de "autodeterminación de los pueblos", como el que esgrimen los independentistas, no es un derecho nacional sino de reconocimiento internacional en el proceso de descolonización que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial. Esto es, que siempre limitado por "la integridad territorial de los Estados ya constituidos" que "prevalece sobre el "derecho de autodeterminación", según está recogido en la legislación internacional.

Surge entonces el "derecho a decidir", como un concepto político que sí puede estar recogido el la normativa interna de cada estado, como es el caso español. En este sentido, no sería un derecho colectivo como el de autodeterminación, sino un derecho fundamental (individual): que dada persona tiene derecho a decidir o elegir como quiere ser gobernado, abriendo la vía a ese referéndum.

Se vuelve de este modo al tema fundamental. ¿Quién es entonces el sujeto político que puede decidir sobre esa independencia? ¿Solo los catalanes o también los españoles en su conjunto, ya que existen intereses y lazos comunes que afectan a todos desde hace muchos siglos? ¿Se pueden respetar los derechos individuales de los catalanes a decidir pero debemos obviar los derechos individuales del resto de españoles?

La clave fundamental en este proceso es que la secesión no está recogida en la Constitución Española, lo que significa que todos los españoles deberían ser consultados sobre el cambio constitucional que supondría ya que es la norma máxima que nos limita a todos. Así, Marina tras analizar otros casos como el del Quebec en Canadá, abre dos vías para la solución del "problema" catalán:

Por un lado una negociación entre todas las partes de una nueva constitución de corte federalista que acabe con las pretensiones independentistas. O de otro, un doble proceso consultivo en el que se les pregunte a los catalanes si quieren independizarse y a los españoles si aceptan el cambio constitucional.

Pero, ¿qué hacemos con los catalanes que no quieran la independencia y que pueden justamente esgrimir sus derechos como ciudadanos españoles recogidos en la Constitución? Y lo que es más importante, ¿hasta cuándo podemos demorar la solución final de este proceso si los independentistas utilizan sus facultades de gestión para ir creando un caldo de cultivo afín a sus pretenciones durante décadas?