Esta semana hemos vivido estupefactos lo sucedido el pasado fin de semana en Bigastro. Presuntamente, una madre afincada en el municipio de la Vega Baja, de nacionalidad albanesa, mató a uno de sus dos hijos gemelos de apenas 27 meses de edad.

Como ha venido informando en un espectacular trabajo periodístico mi compañera Andrea Reinosa después de hablar con los vecinos, el pueblo entero pasó de la empatía con la "pobre madre" cuando se pensaba que había sido un accidente doméstico, a la conmoción y la ira cuando las primeras investigaciones revelaron que podía haber sido un parricidio.

Y lo entiendo perfectamente. Parte de mi familia vive en Bigastro y creo conocer el sentir general de sus vecinos. Conozco de primera mano el "escenario" del crimen e incluso he tenido relación indirecta con el ambiente social en que se pudieron producir los hechos. Muchos días he paseado en ese parque en el que ella iba pidiendo dinero con mis sobrinas y mi hijo.

También pudimos hablar con el padre de los niños, que nos narró su historia con la madre y que en varios momentos pareció derrumbarse. No me extraña. Pero de esa conversación me quedó una duda: ¿Cómo hemos podido llegar a esto si se conocían los problemas de Hatixhe Kamxhiu y los servicios sociales ya habían intervenido anteriormente?

Me consta que las gentes de Bigastro, como las de cualquier otro pueblo de nuestro país, son solidarias e intentaron ayudar a la chica en sus problemas. Incluso dándole comida para no darle dinero "que pudiese gastarse en otras cosas", nos comentó una vecina. Y es que poner solución a estos problemas no depende de las personas particulares, sino de las administraciones.

Tampoco quiero poner en el foco a los profesionales de los Servicios Sociales que seguramente sufren con impotencia este tipo de situaciones, cuando la ley no les ayuda a hacer bien su trabajo.

Reflexionemos: ¿No debería haber un seguimiento estricto de las situaciones con menores vulnerables cuando se conocen los antecedentes las conductas reprobables de sus progenitores? ¿No se debería haber quitado la custodia de los niños a esa madre al menor indicio de que podrían haber sufrido nuevos maltratos? ¿No debería haber intervenido la Administración?

Y en este contexto han sido varias las mujeres, precisamente de izquierdas, quienes me han hecho una pregunta que puede ser clave: "¿Habría pasado lo mismo si el supuesto agresor hubiese sido el padre?". Seguro que no. Le habrían retirado la custodia en segundos. Y con razón, con la misma razón que se debería haber retirado a esa madre.

No se trata de hombres o mujeres, de mujeres u hombres, se trata de niños indefensos. Se trata de una sociedad que tiene los resortes y los recursos suficientes para ocuparse de menores en riesgo de agresiones o de muerte. Se trata de que no importa el género cuando estamos hablando de niños. Se trata de que algo no ha funcionado y ya no es el momento de echar las culpas a los responsables, sino de buscar soluciones para que algo así no vuelva a suceder.