Los empresarios alertan de que sin el trasvase se perderán 38.000 empleos y acelerará la desertificación de Alicante

Los empresarios de Alicante se revuelven contra Madrid y Valencia por el cierre de para regantes del Trasvase Tajo-Segura en el mes de septiembre y la amenaza del Ministerio de Transición Ecológica de reducir en un 40 % su aporte en la nueva planificación hidrológica. "Discriminación" y "escasa influencia", denuncia el presidente de la CEV Alicante, Joaquín Pérez, en un comunicado que alerta de la pérdida de 38.000 empleos y del avance de la desertificación en la provincia.

Pérez critica con contundencia "la discriminación con la que el Gobierno de España trata a esta provincia". Los dardos del presidente de la confederación también ponen en su diana a los más cercanos. De la Generalitat lamenta "la escasa influencia que el Gobierno autonómico tiene en Madrid para defender nuestros derechos".

Los avisos a las coaliciones de izquierda también llegan al resto de arco parlamentario. De ellos señala "la ausencia en los partidos de la oposición de un planteamiento sólido y único en todo el país demuestra la incapacidad y la falta de voluntad política para alcanzar acuerdos estatalmente en beneficio de la ciudadanía".

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La dureza de sus palabras las apoyan en los datos que, recuerdan, se han puesto sobre la mesa "en numerosas ocasiones". Así, CEV Alicante define como "vital" el trasvase Tajo-Segura para el conjunto de las necesidades hídricas de la provincia. Según sus cálculos, en esta área hay una demanda hídrica de 1.250 hectómetros cúbicos al año y una oferta potencial de 1.031. A esa disparidad añaden que "no todos estos recursos están disponibles", por lo que sitúan el déficit hídrico en 493,1 hectómetros cúbicos anuales.

Es en este punto donde subrayan el panorama que se acerca sin esta llegada de agua. "Sin el trasvase se acelerará el proceso desertificación de esta provincia", indican en el comunicado. Por eso califican el trasvase Tajo-Segura de "estratégico" para el sostenimiento económico y social de Alicante. De hecho, añaden, hace falta un volumen de 205 hectómetros cúbicos cada año adicional a los valores medios que se reciben actualmente desde la cabecera del Tajo.

La situación "dramática"

Estas cifras se acompañan con las protestas de la CEV. Ahí Pérez asegura que "llevamos años siendo ignorados y si finalmente se consuma esta situación dramática para Alicante, significará que nuestros representantes políticos no son capaces ni de defender nuestros derechos ni de alcanzar un consenso en el estado. Estamos en una situación crítica, como ocurre con la financiación autonómica".

La estimación de la CEV sitúa en más de 110.000 los empleos directos generados en el territorio afectado por las aguas del trasvase, de los cuales en torno a los 38.000 empleos corresponden a la provincia de Alicante. Y recuerdan que el problema no está solo en la agricultura: el consecuente efecto arrastre de la reducción del trasvase sobre otros sectores relevantes como la logística, la industria química, o los servicios, repercutirá negativamente sobre el conjunto de la economía.

"Desde el tejido empresarial hacemos un llamamiento urgente a que exista un planteamiento técnico y económico riguroso, que nos asegure mantener los puestos de trabajo que hoy dependen del trasvase, porque son muy rápidos para cerrarlo, pero terriblemente lentos para ofrecer alternativas viables", concluye Joaquín Pérez.