La patronal del calzado ha pedido hoy al secretario general de CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), Luis Aribayos, y la directora del departamento Sociolaboral de la confederación, Teresa Díaz de Terán, que medie con el Gobierno de Pedro Sánchez para que "rectifique las medidas que atentan contra la competitividad del sector".

En el encuentro, al que han asistido la presidenta de la Federación de Industrias del Calzado de España (FICE), Rosana Perán, la secretaria general, Marian Cano, y los vicepresidentes Juan Carlos Fernández (Calzado de Menorca), Juan Romero (CALZIA), Alfonso Ruiz (AICCOR) y Santos Martín (APICT) han trasladado a la confederación de empresarios la enorme preocupación existente en el sector.

Afirman que las normas y medidas que afectan a la morosidad, los fijos discontinuos, el absentismo o la reducción de jornada laboral lastran su competitividad y que el sector se halla en una "situación límite".

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Marián Cano, ha explicado que “la compleja coyuntura económica, influenciada por la creciente inflación y la bajada del consumo, unido normas establecidas y medidas propuestas ya están causando graves problemas a las empresas”.

Además, una de las principales preocupaciones para las empresas de calzado es la normativa relativa a la morosidad. "La Comisión Europea propone medidas más estrictas contra la morosidad, lo cual impacta especialmente a la industria del calzado. Los plazos de pago reducidos, a los que la empresa española ya está expuesta desde la entrada en vigor de la ley Crea y Crece, dificultan las operaciones de las empresas, especialmente aquellas con transacciones internacionales y períodos medios de cobro prolongados", han señalado.

"Es un disparate que nuestras empresas, de naturaleza exportadora, y con un producto de baja rotación como el calzado tengan que ceñirse a los 30 días que establece la ley Crea y Crece del Gobierno de España. Es imposible, y si no lo logran quedan fuera de las ayudas europeas”, ha indicado Cano.

Pacto libre entre partes

Asegura que si en Europa se van a regular los plazos de pago es imprescindible distinguir entre los productos de alta y baja rotación. Y junto a ello, los empresarios del calzado apuestan por un pacto libre entre las partes a la hora de cerrar cada contrato.

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La presidenta de FICE, Rosana Perán, por su parte ha señalado que "la realidad actual es que estamos perdiendo competitividad en el mercado global al que vamos dirigidos como sector inminentemente exportador que quiere trabajar en todas las áreas comerciales. Estas medidas a la vez que restan flexibilidad nos quitan competitividad".

"La morosidad es no pagar en plazo y eso nos afecta todos por igual. La ley Crea y Crece limita el libre acuerdo sobre los plazos de pago, fijando límites a los mismos que no distinguen entre productos de baja y alta rotación", ha continuado.

Por otra parte, han explicado al secretario de CEPYME que las empresas enfrentan una situación límite debido a la caída del consumo, el descenso del índice de producción industrial, el incremento del precio de las materias primas y las rigideces fijadas en los contratos fijos discontinuos estableciendo periodos anuales máximos sin tener en cuenta la coyuntura del sector.

La figura, esencial para un sector estacional, ha perdido su estatus, lo que provoca despidos o expedientes de regulación temporal en empresas que no pueden asumir los costos laborales.

Junto a ello, la patronal del calzado alerta de los problemas que conlleva la jornada laboral planteada por el Gobierno. "La reducción de la jornada implica en último caso una subida salarial al margen del diálogo social que muchas empresas no pueden asumir", señala Marián Cano.

Y es que "en el sector del calzado tenemos un convenio colectivo en vigor que se cerró tras las negociaciones con los sindicatos. Un acuerdo para cuatro años que es fruto del diálogo entre patronal y sindicatos y que recoge incrementos salariales y reducción de la jornada laboral, entre otras medidas. Este es el marco que debe regir al sector ya que es fruto del diálogo social", ha añadido.

Por último, el constante aumento del absentismo laboral en España se suma a los desafíos, generando preocupaciones adicionales para las empresas. "Desde FICE instamos al Gobierno de España a que nos escuche y que sea consciente de la necesidad de no poner más trabas a la competitividad de las empresas para garantizar la supervivencia de las mismas y que no se produzca una destrucción de empleo que nadie desea", ha concluido Marián Cano.