A diez días de las elecciones los agricultores de Alicante recuerdan sus demandas a los políticos que se presentan. Y tienen una demanda muy clara, necesitan el apoyo de la Administración más cuando lamentan que "la Generalitat Valenciana a veces supone una traba que entorpece y paraliza".
La crítica que lanzan desde Asaja Alicante, como señalan a EL ESPAÑOL, no pretende una intención política, sino más bien un toque de atención. "La Administración tiene que poner los mecanismos para que se pueda atender al agricultor", explican fuentes del sindicato agrario.
El comunicado de Asaja Alicante señala que los asociados "perciben un proceso de regresión en términos de cercanía". Hasta el punto, explican, que "la Administración se ha convertido en una estructura impermeable y en ocasiones inaccesible para el administrado". Por eso, como indican a este medio, se trata de un toque de atención para los siguientes que se encarguen de ella a partir del 28 de mayo.
El punto de inflexión que provoca estas críticas es el inicio de la pandemia. En el comunicado ponen de ejemplo que "que los trámites se demoran demasiado". Por eso afirman que "lejos de colaborar, ayudar y solucionar, la Generalitat Valenciana a veces supone una traba que entorpece y paraliza determinados proyectos en el campo en el trabajo a diario".
En el repaso de las propuestas que plantean sitúan la ley de la Cadena Alimentaria como una de las siguientes prioridades. Consideran "fundamental el correcto funcionamiento" porque "si se aplicara correctamente contribuiría a que se acabasen los abusos", como que las ventas a pérdidas.
La solución que proponen para ello es dotar de presupuesto y activar la agencia valenciana de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios), la AVICA, para que se pueda seguir de cerca las irregularidades que se producen en los campos valencianos. Eso implica disponer de inspectores que "destapen" operaciones fraudulentas. Así, señalan que el gran desafío de la Generalitat en el próximo mandato debe ser mejorar los ingresos de agricultores y ganaderos para romper la actual tendencia de abandono progresivo de las tierras agrícolas.
La gestión de los recursos hídricos que se ha convertido en uno de los caballos de batalla en el último tramo de la legislatura sigue en lo alto de sus demandas. "Sin agua no podemos trabajar", recuerdan. En primer lugar, que se mantenga el Trasvase Tajo-Segura con las normas de explotación vigentes hasta principios de este 2023. En segundo lugar, que las medidas complementarias para garantizar este recurso aseguren que esta llegue a todas las comunidades de regantes, a fin de garantizar la productividad y la viabilidad de las explotaciones.
Para ello, Asaja Alicante propone un eje hídrico vertebrador de la provincia a través de la construcción de una tubería de norte a sur con conexión a todas las comunidades de regantes mediante contadores robotizados, de tal manera que el agua esté disponible en las comunidades de regantes de forma continua y digitalizada. "Una gran canalización con la que captar y reutilizar las aguas residuales para el regadío, evitando que se pierda en el mar". Al respecto, Asaja remarca que esta propuesta no debe responder a "puros intereses ambientalistas", sino que debe llevarse a cabo para que haya disponibilidad de agua para riego.
Respecto al Júcar Vinalopó, la asociación recuerda que hace quince años estaba previsto, consensuado por todas las partes y aprobado el presupuesto para ejecutar dicho trasvase desde la Corte de Pallás con 80 hectómetros anuales, de los cuales este mes se ha aprobado la llegada de solo 20,5, que aunque supondrá un respiro para nuestros campos, no deja de ser "una propuesta puntual que nos obliga a conformarnos con el 25% de los que nos prometieron". Además, apunta que el cierre de los pozos para conseguir su recuperación debe ir en paralelo a que el Júcar Vinalopó se estabilice en sus transferencias de agua, es decir, en la medida que se consolide el trasvase con los volúmenes inicialmente previstos, pero no antes.
El relevo generacional
El comunicado de Asaja señala la presión fiscal como un aspecto clave con el que mejorar la rentabilidad de los trabajadores del campo y, sobre todo, favorecer el problema del relevo generacional. Así, solicitan suprimir el impuesto de transmisiones patrimoniales para aquellas operaciones que garanticen la continuidad de las explotaciones, "para que esos hijos, esos jóvenes que tienen a su disposición unas tierras no las abandonen, y puedan continuar con el oficio de sus padres sin que les suponga un lastre económico".
Asaja también exige que la reducción de módulos anual se ajuste a los problemas reales de la agricultura. "No tiene sentido que se incluya a los cítricos alicantinos en ayudas puntuales, y que a la hora de tributar no se haya aplicado ninguna reducción, a pesar de haberse solicitado y justificado una disminución en torno al 30% de rendimientos ocasionados por el incremento de los costes de producción o circunstancias climatológicas en este cultivo".
El comunicado concluye recordando la importancia de las Administraciones públicas en la negociación del sector en Europa. Por eso piden que no se la castigue con acuerdos comerciales que dan preferencia a las producciones de terceros países frente a las de la Comunidad Valenciana.