Nueve de cada diez españoles están a favor de que las administraciones públicas fomenten las renovables y, sin embargo, su desarrollo está siendo muy desigual por comunidades autónomas debido a intereses políticos y a la presión que ejercen grupos de interés minoritarios, según los promotores.

En España, la fotovoltaica en suelo suma unos 20 gigavatios (GW) instalados, de los que el 93 % se concentra en seis autonomías: Extremadura (5,3), Andalucía (4), Castilla la Mancha (3,9), Aragón (2), Castilla y León (1,4) y Murcia (1,36); pese a que el 85 % del territorio español tiene buen recurso solar.

Al otro lado de la tabla: Asturias, 1 megavatio (MW), Cantabria (4), Galicia (18), Madrid (63), País Vasco (51), La Rioja (99), Navarra (166), Baleares (217), Canarias (206), Cataluña (293) y Comunidad Valenciana (419).

[La falta de personal cualificado retrasa la instalación de placas solares en la Comunidad]

En eólica, de los 30 GW instalados, el 76 % está en Castilla y León (6,5), Aragón (4,9), Castilla-La Mancha (3,9), Galicia (3,8) y Andalucía (3,5). Por encima del gigavatio (1.000 MW), también figuran Navarra (1,35), Cataluña (1,34) y Comunidad Valenciana (1,24).

A la cola y ya en megavatios, Madrid, con cero (según los expertos por falta de espacio no protegido para albergar un parque eólico), Baleares (4), Cantabria (35), Extremadura (39), País Vasco (153), Murcia (262), La Rioja (447), Canarias (629), Asturias (695) y Castilla-La Mancha (837).

De la responsabilidad al egoísmo regional

"Estamos viendo dos tipos de posicionamiento por territorios". Por un lado, aquellos que ven en las renovables una oportunidad para su región, para generar ingresos y ayudar al desarrollo de la España rural; y una responsabilidad en la lucha contra el cambio climático, según el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso.

En el caso de la fotovoltaica, este bloque lo encabezan Extremadura, Andalucía, Castilla-La Macha, Aragón, Castilla y León y Murcia. Luego están los territorios que trabajan desde la perspectiva del "egoísmo regional", en los que se imponen los argumentos de determinados grupos políticos y económicos. Este sería el caso de Cataluña y Comunitat Valenciana.

Estos grupos imponen el rechazo a la fotovoltaica desde plataformas tras las que existen intereses encubiertos, como los de macrogranjas, que necesitan espacio para albergar purines; las bodegas, que creen que la instalación de placas perjudica al turismo enológico; o las promotoras inmobiliarias, que quieren terrenos para futuros desarrollos urbanístico.

También están los partidos que consideran que pueden lograr votos manteniendo un posicionamiento "neonegacionanista", según Donoso, que ha cargado contra aquellos que quieren disfrutar de los beneficios de las renovables pero presionan para que se instalen en la comunidad de al lado.

Desde el sector, "hacemos todo lo posible para ser responsables" y trabajan con especialistas ambientales y grupos ecologistas con el fin de que las plantas se diseñen para que sean una oportunidad para la biodiversidad, en vez de una amenaza, y para mejorar las condiciones del suelo en el que se asientan.

"También estamos en contra de expropiaciones. Abogamos por la integración social y por compartir los beneficios con las comunidades locales, pero necesitamos que los partidos políticos y los grupos sean responsables, que se desmonten bulos. La fotovoltaica es una buena noticia para el país porque, además de ayudar a migitar el cambio climático, nos da energía más barata".

Arma electoral

Para el director general de Asociación Empresarial Eólica (AEE) Juan Virgilio Márquez, hay mucho ruido mediático en torno a las renovables que se incrementa en periodo electoral porque, en algunas comunidades, se usan como "instrumento político".

En estas autonomías hay plataformas que, siendo minoritarias, logran imponer sus planteamientos pese a que no se corresponden con el sentir general de la sociedad ni con la realidad, ha añadido.

El desarrollo eólico lo lidera Castilla y León, porque tiene espacio y porque su renta per cápita y despoblación han hecho que "abra los brazos a las renovables", como también ocurre en Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia o Andalucía.

Luego están las autonomías en las que históricamente ha habido una oposición social mayor y en las que esos grupos minoritarios han logrado generar "sensación de alarma" entre la población, según Márquez, que ha asegurado que el objetivo debe ser siempre que los desarrollos respeten el medio ambiente.

Los futuros parques se centrarán en comunidades con recurso eólico, espacio y, sobre todo, en las que no haya oposición, pues los promotores optan por irse a aquellas regiones en les es más fácil tramitar proyectos.

Así, las comunidades que han tenido más desarrollo eólico lo seguirán teniendo a futuro y se agrandará la brecha entre regiones, pese a que, según datos de Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 91,1 % de los españoles apoya la instalación de energías renovables para generar electricidad.

"Hay un apoyo mayoritario y la solución pasa por entender la realidad local, por trabajar los proyectos para que encajen en los territorios de forma pacífica y maximizando el retorno".

Los partidos que se oponen a las renovables lo hacen por estrategia electoral, no porque no estén de acuerdo con su desarrollo, y lo hacen con argumentos "generales y demagógicos".

Esto lleva a que un mismo partido defienda cosas diferentes en función de la comunidad autónoma, cuando, por encima de todo debería prevalecer el interés común. "Estamos ante una emergencia climática, ante una crisis energética y ante una oportunidad industrial. Es un acto de responsabilidad".

Alternativas

Recientemente, Alianza Energía y Territorio (Aliente) ha remitido al presidente del Gobierno y a los presidentes autonómicos un informe sobre ubicaciones alternativas en cada territorio para macroproyectos fotovoltaicos.

Según Aliente, se pueden implantar grandes proyectos renovables respetando las características de cada comunidad autónoma y de las zonas agrarias, forestales y de interés para la conservación de la biodiversidad.

Por ello, pide a las administraciones central y autonómica que prioricen y redirijan a las promotoras hacia ubicaciones con mínimo impacto ambiental, como autopistas, líneas de ferrocarril, vertederos, escombreras, zonas mineras, polígonos industriales, zonas comerciales, invernaderos, aparcamientos o áreas urbanas.