Por mucho que se empeñen en la PSPV-PSOE, la hoja de ruta trazada por el Gobierno central respecto al trasvase Tajo-Segura, consistente en la eliminación progresiva de la transferencia, es ya un hecho difícilmente reversible. Por esta razón, los expertos consideran que el trasvase de 7,5 hectómetros decretado el martes para el regadío del Mediterráneo es sólo "un espejismo" en un año en que se ha reducido drásticamente el envío de agua.

El agua desalada ya es la mayor parte de los aportes a la Mancomunidad de Canales del Taibilla (de la que dependen los abastecimientos urbanos de 2,4 millones de personas en el Levante español y 3,1 en época veraniega). Un hecho al que se une un otoño sin prácticamente trasferencias de agua para el regadío pese a que las reglas de explotación lo permitían (en julio, agosto, octubre y noviembre, con trasvase "cero").

En ese contexto, la abstención de la Generalitat Valenciana en el aumento de caudales ecológico del Tajo en el último Consejo Nacional del Agua y las noticias posteriores de cambios en las normas que afectan aún más a las provincias de Almería, Murcia y Alicante, no ha hecho sino aumentar el malestar entre los sectores agrarios.

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2023 será el año clave, consideran los agricultores y los expertos. Y no sólo por los cambios de normativa que afectan directamente a la trasferencia hídrica. También por los posibles cambios políticos y de gestión tras las elecciones autonómicas y posteriormente las generales.

Aún así, en el campo estos posibles cambios se ven con escepticismo. Entre otras cosas, porque desde el año 2004 en que comenzó su andadura Cristina Narbona (y su discípula Teresa Ribera) se ha hecho fuerte en el Ministerio un sector de técnico y funcionarios claramente antitrasvasistas y cercanos al lobby Nueva Cultura del Agua.

Así se lo expresaron a la propia ministra hace año y medio cuando les expuso sus planes de cuenca: acusaron a Ribera de ceder a las presiones de los ecologistas para convertir el Levante español en tierras de secano. 

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Y desde el Ministerio no se desmintió esa afirmación. Más bien al contrario, en reiteradas ocasiones Ribera ha señalado que los planes pasan por que cada cuenca sea autosuficiente, justificando los recortes de trasvases en el cambio climático. O lo que es lo mismo, cambiar agua trasvasada por agua desalada, como ya está ocurriendo en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

Mientras tanto, Ximo Puig insiste en negociar antes de reabrir una "guerra del agua que ya está abierta". Y el PSPV-PSOE se atiene a la literalidad del texto aprobado en el Consejo sobre la pervivencia del trasvase aunque mes a mes se recorta. Paralelamente la ministra, en la Universidad de Valencia, le recordó que ya se ha expuesto cuál es la hoja de ruta para que no se lleve a engaño. 

Así las cosas, el agua volverá a ser uno de los temas centrales en las elecciones del próximo mes de mayo teniendo en cuenta que del regadío viven muchas familias en la Comunidad Valenciana y especialmente en la Vega Baja y el Baix Vinalopó, especialmente afectado por la política antitrasvasista. Algo que el PSPV-PSOE quiere evitar a toda costa.