La Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Alicante ha denunciado este lunes que "la escalada de costes y el incremento de los inputs (agua, energía, gasoil, fertilizantes y semillas) que está soportando la producción agraria no está siendo en absoluto compensada por el mercado". "Es cierto que los alimentos son más caros para el consumidor", con incrementos de precio de más del 1.800 %, "pero los precios en origen se mantienen bajos para el agricultor y ganadero".
El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, está "convencido" de que detrás de la evidente subida de precios existe "una clara especulación por parte de las grandes cadenas de alimentación y los intermediarios, que buscan enriquecerse aprovechando la actual tendencia inflacionista".
[Asaja Alicante estalla y denunciará al Gobierno por "el principio de una nueva guerra del agua"]
"Como el agricultor no encuentra salida a su producción, hay menos fruta en el mercado, y por ello los supermercados están utilizando el precio como una barrera para controlar la demanda", han indicado desde la asociación.
Las mismas fuentes han informado de que el diferencial entre el precio cobrado por los agricultores y el pagado por el consumidor "ha alcanzado unos niveles intolerables, que llegan hasta el 1.828 % en el caso de la variedad negra de higo; un 1495 % en la variedad Fino de limón; y un 785 % en el boniato, según datos del Observatorio de precios Asaja de la semana del 5 al 9 de septiembre".
Asimismo, desde Jóvenes Agricultores han destacado que cada vez "son mayores las limitaciones productivas del sector agrario", así como la inflación de costes de producción soportados, "condiciones que irremediablemente impulsan la despoblación en zonas rurales". "No basta con prohibir la venta a pérdidas, se deben de proveer los medios para perseguir y sancionar a quienes incumplen la normativa", ha defendido Andreu.
Denuncia por posibles irregularidades
En este sentido, Asaja Alicante ha detectado "posibles irregularidades" en los contratos de la campaña de cítricos 2022/2023. Los servicios jurídicos de la asociación agraria han enviado un escrito a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) denunciando que los contratos que actualmente se están firmando no establecen un precio cierto, sino un "precio periódico".
Se trata de un "precio en diferido" que "tiene que ver con la tabla de precios publicada en la prensa escrita durante la semana de corte y recolección de cítricos".
En este sentido, Asaja ha recordado a la AICA que el precio establecido en cada contrato no puede ser en ningún caso inferior a los costes de producción del agricultor, según lo establecido en la Ley 16/2021 de Cadena Alimentaria, en el artículo 9: "El precio del contrato alimentario que tenga que percibir un productor primario o una agrupación de estos deberá ser, en todo caso, superior al total de costes asumidos por el productor o coste efectivo de producción, que incluirá todos los costes asumidos para desarrollar su actividad".
La Ley de la Cadena Alimentaria obliga a que los precios de venta de cualquier producto alimentario cubran al menos los costes de producción y que no haya ventas a pérdidas, según informaron desde la asociación de agricultores.
El artículo 23 establece que no incorporar en el contrato alimentario el precio constituye una falta leve: "El precio del contrato alimentario debe estar especificado con expresa indicación de todos los pagos, incluidos los descuentos aplicables, que se determinará en cuantía fija y/o variable, en función únicamente de factores objetivos, verificables, no manipulables y expresamente establecidos en el contrato, que en ningún caso puedan ser manipulables por el propio operador u otros operadores del sector o hacer referencia a precios participados".
Por todo ello, Asaja Alicante ha denunciado que el llamado "precio periódico" es una herramienta que se está utilizando para, de forma artificial, distorsionar una correcta comercialización en fresco de los cítricos, y que tiene como resultado bajar los precios y pagar a los productores por debajo de los costes de producción.
En este sentido, ha solicitado a la AICA que investigue esta práctica y declare estos contratos contrarios a la Ley de la Cadena Alimentaria, "por incumplirla y además distorsionar la ley de la oferta y la demanda".
José Vicente Andreu ha manifestado que "al hacerse multitud de estos contratos sin precio, los comercios no tienen necesidad de salir a comprar a precio fijo y no tienen miedo de hacer ofertas a la baja en la venta a los supermercados. Con todo esto, el que pierde es el agricultor".