Nuevo récord de deuda en la Comunidad Valenciana: 51.747 millones, la segunda más alta de España
En el primer semestre ha aumentado en 940 millones. Supone un 47,8 % del PIB, el porcentaje más elevado de todas las autonomías.
1 octubre, 2021 11:12Noticias relacionadas
La deuda pública de la Comunidad Valenciana se situó en el segundo trimestre de 2021 en 51.747 millones de euros, el 47,8 % del PIB, el porcentaje más alto de todas las Comunidades Autónomas.
El volumen de la deuda valenciana supone que es la segunda autonomía por detrás de Cataluña, que acumula 81.862 millones, según los datos publicados este jueves por el Banco de España.
En total en el primer semestre del año la deuda de la Comunidad se incrementó en 940 millones de euros, un 1,85 %, aunque ha reducido su peso en el PIB un 0,8 respecto a diciembre de 2020 y 1,6 puntos respecto a marzo de este año, según la Conselleria de Hacienda.
De ese incremento de 940 millones, 325 son deuda temporal ya que corresponden al Fondo React-EU que el Gobierno habilitó para adelantar a las Comunidades Autónomas los recursos directos de la UE y de los que a la Comunitat han correspondido 1.254 millones en el periodo 2021-2022, y que se van ingresando conforme se certifican.
El resto de la deuda corresponde a disposiciones del FLA 2021 por un importe total de 679 millones en concepto de la financiación del objetivo de déficit indicativo de 2021 (1,1 % del PIB), disposiciones pendientes del FLA 2020 por un millón y refinanciaciones de mecanismos realizadas en el segundo trimestre que a 30 de junio estaban pendientes de amortizar por un importe de 270 millones y que se han amortizado en julio.
Estos incrementos de deuda a largo plazo han provocado una reducción de 335 millones en las operaciones de deuda a corto plazo de Tesorería.
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, achacó gran parte de la deuda de la Generalitat al actual sistema de financiación, y valoró posotivamente el anuncio la semana pasada de la ministra Montero sobre la necesidad de abordar el debate de la deuda histórica junto a la reforma del modelo de financiación, a pesar de que el Gobierno lleva años aplazando ese debate pese a las promesas.
Según Soler, "ha llegado la hora de abordar y dar una solución a esta situación completamente injusta que nos perjudica y lastra nuestra competitividad cuando está directamente vinculada en más de un 46 % a la infrafinanciación y, por tanto, no es responsabilidad de los valencianos y valencianas".
Cifras totales
En general la deuda pública española marcó un nuevo récord en el segundo trimestre al situarse en 1.424.692 millones de euros, una cifra que equivale al 122,8 % del PIB.
Al cierre de junio la deuda del conjunto de las administraciones públicas superaba en 31.617 millones la del cierre del primer trimestre, aunque el ratio de PIB bajó 2,5 puntos, ya que en el primer trimestre fue del 125,3 %.
Con respecto al segundo trimestre de 2020, la deuda pública se incrementó en 133.661 millones, lo que supone un crecimiento del 10,4 %, y sumó 12,5 puntos de PIB.
Del importe total de deuda, la mayor parte correspondió a la Administración central, con un total de 1.273.430 millones -25.587 millones más que el trimestre anterior-, equivalentes al 109,7 % del PIB.
Las comunidades autónomas sumaron 4.345 millones de deuda en el segundo trimestre, hasta un total de 312.030 millones, equivalentes al 26,9 % del PIB.
Las administraciones de la Seguridad Social elevaron su endeudamiento en 6.500 millones, hasta un total de 91.855 millones, que suponen el 7,9 % del PIB
La deuda de las corporaciones locales sumó 523 millones y alcanzó 22.644 millones que equivalen al 2 % del PIB.
En comparación con el mismo periodo de 2020, la deuda de la Administración central creció el 9,9 %; la de las comunidades autónomas, el 2,1 %, y la de las administraciones de la Seguridad Social, el 33,4 %, mientras que las de corporaciones locales disminuyó un 9,3 %.
Las cifras de las diferentes administraciones no suman el total de la deuda, dado que hay 274.799 millones de deuda autonómica y de la Seguridad Social que también contabiliza el Estado como acreedor.