Los líos empresariales de Enrique Ortiz pueden terminar "desahuciando" el próximo otoño al Hércules CF de su propio estadio, el histórico José Rico Pérez. Las instalaciones pertenecen a la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), que quiere hacer valer en los juzgados su adquisición sin cargas.
El juzgado de los Mercantil 2 de Alicante se inhibió del asunto cuando la Fundación esgrimió un contrato de Aligestión sucrito con el Hércules por 25 años a contar desde 2007. Por lo tanto, quedarían todavía 11 años de arrendamiento y no se les podría sacar del estadio.
En la Audiencia Provincial, el órgano superior, el IVF defendió que la subasta dejaba claro que su adquisición de las instalaciones estaba libre de cargas, cancelando cualquier contrato previo. El Hércules, por su parte, defendía la vigencia del contrato hasta 2032.
Enrique Ortiz a la salida de los juzgados de Alicante.
En octubre o noviembre está previsto que el juzgado de lo Mercantil decida sobre este hecho después de que la Audiencia haya devuelto el asunto al juzgado instructor. La jugada maestra de Ortiz para seguir controlando los designios del club y su único patrimonio le podría haber dado sólo tres años de prórroga.
La deuda
Los hechos se remontan a 2010, cuando la Fundación Hércules dejó de pagar un préstamo de 18 millones de euros concedido por la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Y como el IVF fue como avalista de la operación, tuvo que desembolsar esta cantidad.
Para salvaguardar el riesgo asumido, ha venido sosteniendo el IVF, la institución pública valenciana exigió el afianzamiento de Aligestión, la empresa propietaria del Rico Pérez en manos de Enrique Ortiz, que entró en concurso de acreedores. Y mediante subasta se hizo con la propiedad del estadio.
Como explicó en su día el director general del IVF, Manuel Illueca, ofertaron en subasta con la cantidad de 3.750.000, la más alta, "para velar por los intereses de los alicantinos y del conjunto de la Comunitat Valenciana".
Manuel Illueca, director general del IVF.
Desde entonces el IVF ha intentado sin éxito que sea el Ayuntamiento de Alicante el que entre en la operación para no gravar más a las arcas públicas pero para que el control de las instalaciones se gestione desde la ciudad. Y es que el IVF no tiene ni capacidad ni interés en gestionar un estadio.
Pero la patata está tan caliente que el Ayuntamiento de Alicante, en manos del popular Luis Barcala, no quiere quemarse. En medio de esta maraña jurídica se halla un club con una solera de casi 100 años y miles de aficionados, muchos de ellos, vecinos de la ciudad. Pero al tiempo, no deja de ser una Sociedad Anónima.
A la espera de Bruselas
Además de la decisión judicial española el Hércules se enfrenta a la decisión de la Unión Europea que le reclama 7 millones de euros por los 18 millones de euros en ayudas que recibió en 2010.
El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) primero estimó el recurso de nulidad que interpuso el Hércules pero luego reabrió el caso y todavía no dicho la última palabra. Ese puede ser el golpe de gracia definitivo para el club y sus propietarios.