La nueva normalidad tras el confinamiento y las restricciones por la pandemia de Covid-19 ha devuelto a las calles, y con fuerza, el botellón, una práctica que ha llevado a diferentes administraciones del país a tratar de frenar con el endurecimiento de las penas, como es el caso de la Comunidad Valenciana. Pero si estamos hablando de menores, la realidad es que son los padres los que soportan la sanción económica y el hijo, en muchos casos, acaba volviendo a las andadas consumiendo alcohol o drogas ilegales o cometiendo actos vandálicos. 

Bajo este contexto, la localidad de Petrer, en el interior de la provincia de Alicante, está estudiando que no sean los padres los que 'paguen el pato' de las actividades irregulares que cometen sus hijos menores, sino que sean estos últimos los que asuman su responsabilidad. ¿Cómo? Con trabajos en beneficio de la comunidad. 

La iniciativa ha partido de la pregunta de una madre en un encuentro reciente de los padres de escolares del municipio con la concejalía de Seguidad y la Unidad del Agente Tutor, donde se expuso cómo el régimen sancionador acababa señalando a los padres para que pagaran las sanciones que, por el caso de beber alcohol en la calle supone unos 100 euros, marca la ordenanza, y en caso de reincidencia puede llegar hasta los 15.000. 

"¿Y qué más podemos hacer?", se preguntaba la mujer ante la tendencia de que cada vez sean edades más tempranas las que se inician en el consumo del alcohol. La pregunta no iba a quedar sin respuesta porque el Ayuntamiento está estudiando la fórmula legal para cambiar el régimen sancionador por trabajos a la comunidad, avanza el concejal de Seguridad, Pablo Lizán.

Por su parte, el Agente Tutor, una figura de reciente creación llevada a cabo por el policía Francisco José Martínez para concienciar a la ciudadanía sobre problemáticas actuales, respaldó esta posibilidad porque “al final la multa la pagan los padres, pero el menor que ha cometido la infracción no tiene ninguna repercusión más allá de la reprimenda que le pueda caer en casa”.

Ya implantada 

La idea no es nueva, aunque sí pionera en la Comunidad Valenciana. En Cataluña y el País Vasco ya se arrancaron hace años. Desde ayuntamientos pequeños a grandes, pasando por la propia autonomía, Euskadi, que está ultimando un decreto para que menores y jóvenes de hasta 25 años pueden acogerse a sanciones alternativas.

A falta de su aprobación final, conmutarían el pago de entre 30 y 600 euros por un mínimo de 20 horas de trabajos comunitarios, aunque también se ofrecerían talleres de sensibilización sobre los riesgos del consumo de sustancias y programas de desintoxicación en casos extremos. 

Bilbao fue de las primeras grandes ciudades, fue en 2013 cuando comenzó y en 2014 ya tenía a 64 jóvenes haciendo trabajos comunitarios para que no pagaran por ellos la muta económica.

¿Y si prefieren pagar?

Desde Petrer recuerdan que en la ordenanza que aprobaron en 2019 ya se contemplaba la restitución del daño causado. Por lo tanto, ahora se haría extensible con esta medida que, antes de entrar en vigor, debe contar con el visto bueno del secretario del Ayuntamiento, que está estudiando cómo introducirla en el marco legal existente de la autonomía.

Reconoce Lizán que no las tienen todas consigo desde el punto de vista legal al tratarse de menores de edad. En todo caso, de llevarse a cabo, sería de carácter voluntario y siempre y cuando cuente con la autorización de los padres o tutores legales. "No podemos obligarles" a realizar los trabajos comunitarios, deja claro el regidor. 

Pero esta afirmación contrasta con la realidad, o al menos en el caso de Barakaldo, donde se introdujo un pionero programa piloto en 2010 para condonar la multa impuesta por beber en la calle por talleres de sensibilización, en el caso de los menores de 16 años, y de trabajos comunitarios para los adolescentes entre 16 y 18 años.

Y la realidad es que, 12 años después, y como cuenta El Correo, ninguno de los jóvenes sancionados se decantó el año pasado por trabajar para el beneficio de la comunidad; prefirieron pagar la multa, de hasta 600 euros.