El Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm ha dictado un auto de incoación de procedimiento abreviado contra quienes fueran concejales del equipo de Gobierno de Benidorm bajo la alcaldía del socialista Agustín Navarro y otros cinco funcionarios por presuntas irregularidades en la política de contratación de personal y la cobertura de hasta 43 plazas.



Según el auto del juzgado, al que ha tenido acceso EFE, "existen indicios racionales" de la comisión de delito continuado de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, en una pieza en la que aparecen los nombres de la exedil de Hacienda Natalia Guijarro, el exedil de RR. HH. Juan Ramón Martínez y la actual técnico superior de RR. HH. en el Ayuntamiento de Benidorm, Carmen Navarro.



En el conocido como "caso de los 43 enchufes", que se remonta a 2010, el juez dispone continuar las diligencias previas y dictar auto de procedimiento abreviado contra los investigados al considerar que se adoptó por parte del Ayuntamiento de Benidorm "una serie de resoluciones, acuerdos y nombramientos injustos y sin que concurran los requisitos legalmente establecidos".



Asimismo, dispone continuar estas diligencias por un delito continuado de tráfico de influencias en los procesos selectivos de contratación convocados por el Consistorio, al que se suma otro delito de malversación de caudales públicos.



Inicialmente en la causa también se incluía el que fuera alcalde socialista en esa época, Agustín Navarro, cuya responsabilidad ha quedado extinguida por fallecimiento.

Una denuncia sindical

La investigación parte de una denuncia del Ministerio Fiscal a instancias de una denuncia presentada por el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos de Benidorm que ponía sobre aviso de la posibilidad de que los ahora acusados hubieran podido cometer presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.



La denuncia apuntaba a que la Relación de Puestos de Trabajo del año 2010, aprobada en pleno pese a un informe contrario del interventor municipal, incluía una subida salarial que suponía un aumento de la masa salarial del personal del Ayuntamiento superior a la máxima autorizada para ese año.



Además, también "se crearon y cubrieron determinadas plazas cuya urgencia y necesidad no estaba justificada".



Asimismo, la acusación también recoge la creación y cobertura "de un elevado número de plazas de personal laboral temporal" pese a las restricciones establecidas por ley en ese momento. Así, cuando la tasa establecida para el personal funcionario de nuevo ingreso era de tres, fueron trece los que se incorporaron, lo que produjo un desajuste en la partida presupuestaria de personal de 4,5 millones de euros.



También se investiga la cobertura de cierta plaza por el sistema de concurso-oposición y que, según los denunciantes, fueron "personas con relaciones familiares y políticas con el equipo de gobierno" las que accedieron a las mismas.



Ahora, el juzgado dará traslado del auto al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares y se dará un plazo de 10 días para formular escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. No obstante, el auto no es firme y contra el mismo cabe interponer recurso de reforma o apelación.