En agosto de 2009, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Paniagua (Cáceres) contrató a Marta [nombre ficticio] para realizar trabajos en la oficina del consistorio, cubriendo las vacaciones de la entonces secretaria municipal. No fue dada de alta en la Seguridad Social y recibió 500 euros. Marta es la hija del entonces alcalde.
En julio y agosto del mismo año, Héctor [nombre ficticio] fue contratado para limpiar la piscina pública. Recibió 300 euros. El verano de 2010, volvió a ser contratado, por 850 euros. Tampoco fue dado de alta, en ninguna ocasión, en la Seguridad Social. Héctor es el hijo del entonces alcalde de la localidad.
Entre 2008 y 2011, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Paniagua ofreció a los habitantes del municipio varios viajes en autobús a diversos actos públicos y celebraciones en localidades cercanas e, incluso, las mujeres del pueblo pudieron acudir en grupo a realizarse mamografías. La empresa de autocares, contratada sin expediente alguno ni concurso público, es propiedad desde 1995 del entonces alcalde.
Una jesusgilada a pequeña escala, por la que su promotor, el ya exregidor Ángel Cervigón Mota, ha sido condenado a ocho años y medio de inhabilitación especial para cargo público y para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo. Esta pena ha sido ratificada este pasado mes de octubre por el Tribunal Supremo (TS). Es decir, no podrá ser elegido representante en cualquier Administración local, autonómica o nacional durante el tiempo que dure la pena.
La sentencia del Alto Tribunal, ponencia del magistrado Pablo Llarena y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, establece con rotundidad que el condenado "decidió eludir cualquier sistema de contratación neutral y sustituirlo por aquel que favorecía económicamente a sus familiares y allegados".
Más enchufes
Pero sus hijos y su propia empresa de autobuses no fueron los únicos enchufados por el socialista Ángel Cervigón durante su mandato como alcalde de la pequeña localidad cacereña, con 316 habitantes censados, según las últimas estadísticas del INE.
También contrató a dedo, sin ningún expediente, a un concejal de su partido para realizar labores agrícolas con su tractor, quien recibió 105 euros en julio de 2008, 20 euros en marzo de 2009 y 791€ en 2011. Todo ello, en cheques al portador.
Fachada del Tribunal Supremo.
"Con conocimiento de que actuaba al margen del ordenamiento jurídico, sin expediente, ni oferta pública ni trámite alguno", reza la sentencia del Supremo, el entonces regidor también contrató al hijo de la secretaria del Ayuntamiento, al que pagó 300 euros por dos semanas de trabajo en la piscina municipal, en verano de 2009.
Hizo lo mismo con la hermana de éste —la hija de la secretaria municipal—, quien recibió otros 300€ por nueve días de trabajo sustituyendo a su madre.
El marido de la secretaria municipal también fue contratado irregularmente para realizar trabajos de fontanería en las instalaciones del consistorio. Recibió un total de 310 euros públicos.
Por su parte, el alcalde, que había renunciado a su sueldo, sólo percibía, cada mes, el abono por asistir a los plenos y en torno a 500 euros en concepto de dietas por kilometraje.
Recurso
Tras pasar por el Juzgado de Instrucción número 3 de Plasencia, el denominado caso Santa Cruz de Paniagua fue juzgado en 2019 por la Audiencia Provincial de Cáceres. Cervigón, en el banquillo de los acusados, resultó entonces condenado a ocho años y medio de inhabilitación por sus enchufes, aunque recurrió ante el Supremo.
Sin embargo, el Alto Tribunal ha confirmado, punto por punto, la resolución de la Audiencia.
Entre los motivos alegados al acudir al TS, uno de los argumentos fundamentales que esgrimía la defensa de Cervigón era que este desconocía la ilegalidad de sus actos cuando contrató a sus hijos y demás allegados.
No obstante, el Supremo echa por tierra esta tesis. El ya exalcalde, en el momento de las primeras contrataciones, venía desempeñando su cargo desde hacía más de un lustro, "entendiendo sintomático", expone la sentencia, "que durante esos años no se hubiera abordado ninguna contratación similar".
"El acusado —prosigue— no es una persona desinformada en cuestiones burocráticas, tanto por su experiencia como alcalde como por ser propietario de una empresa de autobuses". Y, además, "aceptó conscientemente la contratación irregular, como refleja que no diera de alta en la Seguridad Social a las personas contratadas".
El Supremo también invalida la alegación de que hubo "razones de urgencia" que habrían motivado las contrataciones. "Fueron plenamente previsibles", indica en su sentencia.
'Caso Santa Cruz de Paniagua'
Con esta resolución del Supremo, fechada el 18 de octubre de 2021, queda zanjado definitivamente el llamado caso Santa Cruz de Paniagua. El Alto Tribunal pone punto y final así a este escándalo de corrupción municipal que saltó a las páginas de la prensa regional a partir de 2014, cuando una auditoría ordenada por el nuevo Gobierno local, que sustituyó al de Ángel Cervigón, comienza a arrojar luz sobre años y años de dedazos y chapuzas del Ejecutivo anterior.
"Cuando entramos, miramos cómo se han hecho las cosas hasta ese momento. Y vemos la contratación de la empresa de buses, contratos a familiares, cobro de cheques...", explica a EL ESPAÑOL Miguel Carlos González (PP), actual regidor de la localidad e impulsor de la fiscalización.
Con estos papeles ya en la mano, el Ministerio Público comienza entonces una investigación, de la que extrae "indicios de importantes irregularidades" en la gestión de Cervigón.
Pero, mientras discurre la investigación del Juzgado de Instrucción número 3 de Plasencia, el nuevo alcalde de Santa Cruz de Paniagua se convierte en víctima de varios actos vandálicos, que, según declaró entonces su partido, eran "intencionados" y podrían buscar amedrentarle.
En febrero de 2015, todas las alpacas que tenía en su finca —además de alcalde, González es propietario de ganado— aparecieron quemadas. Era la comida de sus animales para todo un año.
Las alpacas ardiendo en la finca de González.
Las alpacas, quemándose.
Denuncia de González ante la Guardia Civil.
La verja de la finca, dañada.
Meses después, alguien abrió las cancelas de su finca. Varias reses escaparon por los caminos cercanos, tal y como denunció ante la Guardia Civil. Incluso hubo una manifestación en el pequeño pueblo en contra de unos actos que ya empezaban a adquirir, aparentemente, tintes intimidatorios.
En conversación con EL ESPAÑOL, el regidor asegura que, hasta ese momento, "cosas como estas nunca habían pasado" en sus propiedades. Admite que la investigación de la Benemérita no arrojó ningún sospechoso claro, pero en situaciones como éstas, la cabeza se resiste a no atar cabos. "Yo no puedo acusar a nadie, pero que cada cual saque sus conclusiones...", desliza.