Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, en el juicio de 'Brugal'. EFE
El Tribunal Supremo admite los recursos de los condenados por 'Brugal' y decidirá si repite el juicio
Fija para el 20 de febrero la revisión de la sentencia que condenó al exalcalde Luis Díaz Alperi y el empresario Enrique Ortiz.
14 diciembre, 2023 13:52El Tribunal Supremo ha admitido los recursos de los condenados por el 'caso Brugal' en su rama "PGOU de la ciudad de Alicante", el exalcalde Luis Díaz Alperi y el empresario Enrique Ortiz, por supuesta "vulneración de preceptos constitucionales y quebrantamiento de forma".
El 20 de febrero, según ha adelantado el Diario Información, la sala de lo Penal tomará en consideración si anula la sentencia y si fija un nuevo juicio por un caso que le costó la Alcaldía de Alicante a la sucesora de Alperi, Sonia Castedo, que también fue condenada por recibir una cazadora de Carolina Herrera, pero quedó absuelta por haber prescrito.
Tal y como informó este diario en julio de 2021, la Audiencia de Alicante condenó al pago de multas de 6.000 y 18.000 euros, respectivamente, al exalcalde de la capital alicantina Luis Díaz Alperi (PP) y al empresario Enrique Ortiz como autores de un delito de cohecho.
La sentencia, ya se dijo entonces, fue notificada a las partes, y podía ser recurrida en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ahora el magistrado Vicente Magro, que en su día fue presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, será el ponente de esta deliberación.
El 'caso Brugal' en su rama "PGOU de Alicante" (ya que hubo otras ramas separadas como la de las basuras de Orihuela o la del plan zonal de la Vega Baja, además de en Calpe) investigó los supuestos amaños producidos durante los años 2008, 2009 y 2010 de varios empresarios y políticos del PP de la ciudad de Alicante.
En concreto, el entonces adjudicatario del servicio de Limpieza y Recogida de Basuras de la ciudad de Alicante, y a su vez el máximo propietario de suelo en la ciudad, Enrique Ortiz. De hecho, el empresario pactó con Fiscalía confesar los delitos de los que se le acusaba, y luego reculó.
La trama se centró en los años en los que Sonia Castedo (PP) era alcaldesa de la ciudad, mientras se redactaba el nuevo ordenamiento urbanístico, en el que estaba involucrado un despacho de abogados en el que trabajaba el hermano de la propia alcaldesa.
A través de grabaciones telefónicas -la más sonada fue una en la que Ortiz le pedía que "le pintasen de azul" sus terrenos-, la Policía Nacional descubrió los supuestos apaños para beneficiar al constructor que luego fue condenado.
