Vox amenaza con aplicar en Alicante la misma táctica que está utilizando en la Comunidad de Madrid, donde se ha unido a la izquierda para bloquear el presupuesto presentado por Isabel Díaz Ayuso, y dejar a la ciudad sin cuentas en año electoral.

A apenas tres meses para los comicios de mayo, parece evidente que la estrategia de los dos concejales del partido de Santiago Abascal pasa por diferenciarse todo lo posible del Partido Popular y, además, apelar a una parte de los votantes que -según señalan las encuestas- se quedarán huérfanos con la presunta desaparición de Ciudadanos, que en 2019 sacó más de 22.000 votos (el 16 % del electorado).

¿Qué es lo que pide Vox? Pues se puede ver claramente en la enmienda a la totalidad presentada a las cuentas del equipo de Gobierno: que en los presupuestos "se incluye la financiación para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), a la que el partido liderado en Alicante por Mario Ortolá viene oponiéndose desde su anuncio "por ir en contra de los intereses de vecinos, comerciantes y hosteleros". También asegura que no se incluyen 

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El problema que tiene la enmienda de Vox es que va en contra de un mandato europeo: en la Ley 7/2021 de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, Bruselas obliga a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes de todos los estados miembros a crear este tipo de zonas de bajas emisiones.

Es decir, no es una decisión del Gobierno municipal de Alicante, sino que se aplica de manera automática al menos a ocho municipios de la provincia de Alicante, con otros (los de más de 20.000) en estudio. La única alternativa pasaría por declararse en rebeldía en una norma de rango europeo, un escenario que ningún técnico considera realista. 

Los verdaderos motivos

La propuesta de Vox juega con la oportunidad y con el relato. En primer lugar, porque es obvio que, a apenas unos meses de las elecciones, ningún consistorio querrá aplicar medidas que pueden ser impopulares, y que, en el caso de las ZBE básicamente pasan por aplicar restricciones a la movilidad.

Pero, a corto plazo, no van a tener otro remedio: la financiación para un buen puñado de proyectos en la ciudad dependen del visto bueno de Europa, y parece poco probable que ningún alcalde (ni siquiera uno de Vox) lo rechace a cambio de nada.  

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En cuanto al relato, Vox abunda en la idea de que el PP es un partido cuya ideología pivota sobre concesiones a la izquierda y la socialdemocracia verde, por lo que ellos son la única alternativa real de la derecha.

El propio Ortolá lo deja claro en la nota en la que habla de la enmienda: "El modelo de ciudad que defienden PP y Ciudadanos es el mismo que defiende la izquierda radical. Pretenden que las familias que no se pueden permitir el lujo de comprarse un coche eléctrico por 40.000 euros lleven a sus hijos al colegio, a sus mayores al médico o vayan a trabajar en patinete o bicicleta, incluyendo en el presupuesto una subvención para la adquisición de estos dos medios de transporte favoritos por los progres".

Ante esta situación, es bastante probable que el presupuesto municipal de Alicante quede prorrogado para este año. Se trata de una circunstancia bastante habitual en los años de la crisis económica, pero excepcional tras la necesidad de reactivación económica de la pandemia. Una situación a la que el PP también está intentando sacar provecho, al alinear los intereses de bloqueo de Vox con los de las izquierdas. La precampaña está servida.