La Audiencia de Alicante prevé juzgar este viernes día 13 a una presunta banda criminal organizada compuesta por 15 individuos dedicada a la distribución de cannabis a varios países de Europa utilizando como tapadera una empresa dedicada al envío de zapatos.
El grupo de procesados ejercía su actividad fundamentalmente entre las poblaciones de Alicante y Agost, en los que disponía de distintas viviendas, chalets y naves industriales en las que se llevaba a cabo el cultivo de la marihuana, su empaquetado y la preparación del envío de la mercancía, a través de dicha sociedad pantalla.
En concreto, la banda preparaba envíos a Alemania, Holanda, Suecia, Dinamarca e Italia, según el escrito de calificación inicial de la Fiscalía.
El Ministerio Público considera que cada uno de los 15 procesados cumplía una función específica en el entramado, de modo que existía una organización jerarquizada con distintas responsabilidades como la constitución de la empresa dedicada a los envíos, el cultivo de la marihuana, la preparación y gestión de los traslados y el transporte de la mercancía en varios coches y furgonetas hasta los puertos en los que se pretendía embarcar la sustancia estupefaciente.
Todo ello, con el fin de ocultar su identidad y evitar su descubrimiento, según concreta la acusación pública.
El grupo quedó desarticulado por la Policía Nacional tras una operación de vigilancia y seguimiento desarrollada entre finales de 2018 y principios de 2019, en la que se llevaron a cabo varios registros domiciliarios con autorización judicial.
En esas entradas, se certificó la existencia de una nave situada en Agost en la que se producía el empaquetado y la preparación de los envíos, así como una plantación de marihuana en una finca situada en la Sierra Mediana de Alicante.
En concreto, en dicha finca se encontró una caseta en la que se ocultaba un habitáculo subterráneo compuesto por cuatro salas en dos alturas dedicadas al cultivo, en las que se halló un total de 1.692 plantas, así como una quinta sala destinada al secado de la marihuana.
Además, también se intervino una pistola detonadora de curso ilegal y de distintas cantidades de marihuana con un valor total de 304.272 euros en el mercado ilícito.
A la vista de todos esos elementos, la Fiscalía considera a los procesados autores de un delito contra la salud pública en concurso con otro de organización criminal, además de un delito de tenencia ilícita de armas y otro de un delito de defraudación de fluido eléctrico.
Así, solicita 11 años de prisión para el cabecilla del entramado, además del pago de una multa de 1,5 millones, así como penas de 8 años de prisión para el resto de los encausados y multa de 1,2 millones.
De igual modo, añade otros dos años de privación de libertad para los dos procesados a los que se les incautó la pistola detonadora y otros 10 meses de multa para los quince procesados por el delito de defraudación de fluido eléctrico.
El juicio está señalado en varias sesiones hasta el 9 de febrero.