Intervención pulpo
Intervenidos casi 100 kilos de pescado inmaduro en el Puerto de Altea: no alcanzaban el peso mínimo
Las sanciones podrían alcanzar hasta 60.000 euros y suspensiones de la actividad pesquera.
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Agentes de la Guardia Civil han detectado diversas irregularidades en la captura y comercialización de productos pesqueros frescos en el puerto pesquero de Altea. Las actuaciones se han llevado a cabo dentro del Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras (PACIAP), en colaboración con el Inspector de Pesca Marítima de la Generalitat Valenciana.
Durante la operación, los agentes de la Patrulla del SEPRONA de Alicante junto con el Inspector de Pesca Marítima, reconocieron las embarcaciones presentes en el puerto, así como la lonja destinada a la comercialización de pescado.
Como resultado, se instruyeron seis actas de infracción y se intervinieron más de 90 kilogramos de pescado, principalmente pulpo de roca (Octopus vulgaris) y merluza (Merluccius merluccius) inmaduros.
Control e irregularidades
Las inspecciones realizadas permitieron descubrir que algunos buques locales estaban comercializando partidas de pulpo de roca que no cumplían con el peso mínimo reglamentario de 1.000 gramos, tal y como exige la normativa.
Además, los investigadores localizaron a un particular que intentaba transportar de manera clandestina un envase cerrado con más de 7 kilogramos de merluza inmadura, adquirida directamente de un buque fuera del marco de la normativa vigente.
Las actuaciones derivaron en la instrucción de seis actas de infracción, imputadas a tres buques pesqueros, dos mercantiles y un particular, por incumplimiento relacionado con la captura, comercialización y adquisición de especies pesqueras fuera de los estándares legales establecidos. Todas las actas han sido remitidas a la Dirección Territorial de Agricultura de Alicante, que decidirá las sanciones correspondientes.
Destino de los productos
Los más de 90 kilogramos de pescado intervenidos fueron depositados en la cámara de la lonja, quedando a disposición de la Dirección Territorial de Agricultura y Pesca de Alicante, que posteriormente ordenó su entrega a un centro benéfico.
Las irregularidades detectadas podrían constituir vulneraciones graves a la Ley 5/2017 de Pesca Marítima y Acuicultura de la Generalitat Valenciana, con sanciones que oscilan entre 601 y 60.000 euros. Además, los buques implicados, podrían enfrentarse a la suspensión de su actividad pesquera.
La Guardia Civil recuerda la importancia de cumplir con las normativas vigentes para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos y velar por una pesca responsable.
