El pasado viernes 7 de junio se hacía pública la sentencia del Tribunal Supremo contra el recurso planteado por la Generalitat Valenciana (en tiempos del socialista Ximo Puig), contra el Plan de Cuenca del Tajo que impone unos caudales ecológicos detrayendo 105 hectómetros cúbicos anuales del agua enviada al sureste español: Almería, Murcia y Alicante. Pero este es solo uno de los recursos, por lo que la Comunitat Valenciana todavía no da perdida la lucha para la supervivencia del trasvase Tajo-Segura.
En este sentido, la provincia de Alicante cuenta con tres "balas" para defender sus derechos. Por un lado, el recurso de la Región de Murcia y de otro el del propio Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), que a diferencia de lo que hizo el gobierno Botánico de Ximo Puig, sí presentó recursos contra todos los caudales ecológicos de todos los tramos del Tajo, e informes justificados de las repercusiones económicas, sociales y laborales de su aplicación. Además, está la demanda de la Diputación de Alicante
El propio tribunal ha recordado en su sentencia que el recurso de la Generalitat solo "impugnó el automatismo con el que se implantan los dos segundos escalones". El resto de recurrentes ha impugnado todos los escalonamientos y no se han centrado tanto, como hizo el gobierno de Puig, en el hecho de que se modificase el dictamen del Consejo del Agua al que los socialistas valencianos votaron a favor en contra de los intereses de la provincia de Alicante.
El pasado mes de febrero el gobierno murciano de Fernando López Miras (PP) confirmó su demanda interpuesta ante el Supremo en abril de 2023. En esta "formalización" de la demanda Murcia alega con varios informes la pérdida de "6.000 puestos de trabajo y un impacto económico de 300 millones de euros, el grave impacto medioambiental y la incidencia sobre la biodiversidad".
El consejero Portavoz de Murcia, Marcos Ortuño, detalló que se incorporaron (a diferencia de lo hecho por el gobierno de Ximo Puig) hasta 15 informes técnicos a la demanda.
La reacción
Entre tanto, en Castilla-La Mancha su presidente, el socialista Emiliano García-Page, sigue haciendo campaña contra el trasvase y tras la noticia de la sentencia del Supremo mostró satisfacción.
Según recogió la agencia de noticias Efe, durante su intervención en la entrega de premios de desarrollo sostenible, en el Museo de Paleontología de Cuenca, García-Page subrayó que han pasado los tiempos en los que “éramos nosotros los que teníamos que pleitear” en contra de cada trasvase del Tajo al Segura, y ahora “por primera vez empezamos a ganar todas las sentencias en materia de agua”.
Y recordó que a Castilla-La Mancha “no le han regalado ni un metro cúbico de agua”, pero ahora ha conseguido aprobar un Plan Hidrológico que “hemos consensuado y que el Supremo acaba de avalar”. Además, subrayó que el plan avalado por el Supremo “vale como estrategia para las siete cuencas”.