Día tenso e intenso el vivido este martes en Elche, donde el Gobierno de PP y Vox han comenzado a cumplir parte de su promesa electoral de desmantelar algunos de los carriles bicis que el anterior Ejecutivo local de PSOE y Compromís habían instalado en la ciudad.
El primero de ellos, como hemos contado, ha sido el de la calle Juan Carlos I, donde se ha presentado este martes el concejal de Movilidad, Claudio Guilabert (del PP), para explicar la decisión y se ha topado con las protestas de ciclistas, usuarios y miembros de Margalló-Ecologistes en Acción d'Elx, asociación que encabezó hace dos meses una anterior protesta contra esta medida.
A ellos hay que sumar la protagonizada por la anterior regidora de Movilidad y actual portavoz de Compromís, Esther Díez, quien también ha hecho acto de presencia afearle a Guilabert la supresión del carril.
Después, Díez que ha declarado que con esta medida adoptada por el alcalde Pablo Ruz, que está estos días de vacaciones, sitúa a Elche "como referente del retroceso y del destrozo, después de años de políticas en movilidad sostenible en los que el anterior gobierno municipal habíamos conseguido hacer del nuestro un municipio más verde, moderno y saludable”.
Díez ha asegurado que “la eliminación de esta infraestructura ciclista es una barbaridad desde todos los puntos de vista", así como que "destruir la parte central del eje supone abocar a las personas ciclistas a una situación de absoluta inseguridad, pues les obliga a discurrir en parte del trazado por la calzada, junto a los vehículos a motor y por calles con velocidades altas y escasa visibilidad, como es el caso de la avenida de Candalix”, ha subrayado la portavoz municipal, para quien “es lamentable que este gobierno municipal de PP y Vox les esté diciendo a los usuarios y usuarias de la bicicleta que no les importa su integridad física”.
Al mismo tiempo, Esther Díez ha señalado que “la eliminación del carril bici es también un perjuicio para los vecinos y vecinas de la calle, que, después de décadas contaban con una vía pacificada, en la que habíamos conseguido reducir un 50 por ciento el tráfico con la consiguiente disminución de contaminación y ruido”.
“La actuación del gobierno de Pablo Ruz ataca también a nuestro Patrimonio de la Humanidad en tanto que la calle Juan Carlos I discurre por el Palmeral histórico y precisamente el Plan de Movilidad regula la pacificación de estas calles para protegerlo ambientalmente”, ha indicado.
Sobre las ciclo calles
Díez ha apuntado que la alternativa que el concejal de Movilidad, José Claudio Guilabert, ha propuesto en la comisión de pleno, en alusión a la construcción de ciclo calles, esto es, compartir vía con los vehículos de un único sentido, "es una opción más insegura y más complicada desde el punto de vista del trazado, lo que quiere decir que niegan a las personas usuarias de la bicicleta su libertad de poder moverse de manera directa y segura con este medio de transporte”.
“La realidad es que no es una decisión que se haya tomado desde un punto de vista científico, es una medida que el gobierno de Pablo Ruz ha llevado a cabo desde el fanatismo, desde el negacionismo del cambio climático y desde la negativa a democratizar el espacio público y caminar hacia una ciudad verde y moderna”, ha concluido Esther Díez.
La portavoz ha explicado, además, que “no es una casualidad que el destrozo del carril se esté llevando a cabo un 22 de agosto, pues Pablo Ruz ha escogido la fecha en que menos gente se encuentra en la ciudad después de la exitosa concentración en defensa del carril bici que tuvo lugar en el mes de junio”.
Por su parte, el PSOE ha insititido este martes en su discurso de que "los carriles bici no son ni de izquierdas ni de derechas", ha tachado al bipartito de derechas de "opaco" a este respecto puesto que en la comisión de pleno de Movilidad que precisamente se ha celebrado hoy, el Gobierno no ha contestado a la pregunta que han hecho sobre supresión de carriles bici que ha llegado sin convocarse la Mesa de Movilidad.
Asimismo, el portavoz municipal del PSOE, Héctor Díez, ha calificado la decisión de "sectaria" y de "política inútil".