Alicante

Dos acusados de conducir una patera con 43 migrantes argelinos hasta la costa de Alicante han asumido la autoría de los hechos como responsables de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía por el que admiten una pena de dos años de prisión y quedarán libres de la cárcel.

Los dos procesados, de origen kurdo-sirio, han reconocido los hechos en el inicio del juicio que iba a celebrarse en la Audiencia Provincial, por lo que han asumido una pena de dos años de prisión, en lugar de los cinco que se solicitaban inicialmente, y saldrán de prisión, donde permanecen desde el pasado 11 de abril, han precisado sus abogados.

Así, esa condena de internamiento quedará en suspenso con la condición de que ambos no vuelvan a delinquir y deberán asumir asimismo el desempeño de trabajos en beneficio de la comunidad.

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De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, los dos procesados ejercieron como patrones de un barco localizado el pasado 11 de abril a una milla del puerto de Alicante con 43 ocupantes a bordo, que habían pagado entre 7.000 y 8.000 euros a una organización dedicada al tráfico de seres humanos de la que también cobraban los procesados.

Según la acusación pública, la embarcación había salido un día antes de las costas de Argelia y había recorrido unas 150 millas. El Ministerio Público también sostenía en su escrito inicial que, en el trayecto, se puso en peligro la vida de los ocupantes del barco debido a la falta de las más mínimas normas de seguridad e higiene en la embarcación. 

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Hoy también un tribunal de la Sección Primera está enjuiciando a tres hombres a los que la fiscalía pide seis años de cárcel a cada uno por un presunto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por dirigir una embarcación de madera con 10 ocupantes desde las costas de Argelia hasta la zona de Calpe, donde fueron rescatados.

Los tres patrones procesados y las diez víctimas partieron el 6 de noviembre de 2022 desde la localidad argelina de Tipasa en una embarcación de cinco metros y medio de eslora que, según mantiene la acusación pública, navegaba con evidente sobrepeso de carga, por lo que se puso en peligro la vida de los ocupantes.

Según el relato del ministerio público, los procesados actuaron con la intención de introducir de forma ilegal en España a las diez personas, por las que habrían cobrado unos 1.200 euros por tripulante.