La Oficina del Tribunal del Jurado de la Audiencia de Alicante intensifica el proceso de notificaciones sobre la suspensión 'sine die' del nuevo juicio del llamado 'caso Sala' sobre el crimen de la viuda del expresidente de la CAM, María del Carmen Martínez, acordada por el Tribunal Constitucional (TC).
Así, después de desconvocar a los preseleccionados como aspirantes a formar el jurado popular, la Oficina continúa contactando con la larga lista de testigos y peritos -alrededor de cuarenta, en total- que estaban citados a comparecer en alguna de las sesiones en las que se había dividido el desarrollo de la repetición del juicio.
La vista había quedado programada entre mañana, día 3, y el próximo 25 de mayo, después de que el Tribunal Supremo (TS) aceptase el recurso de casación presentado por el hijo primogénito del matrimonio Sala-Martínez, Vicente Sala, que ejerce la acusación particular, contra la sentencia absolutoria dictada en 2019 para el único procesado: el yerno de la víctima, Miguel López.
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El alto tribunal aceptó los argumentos de la acusación particular y ordenó la repetición del juicio bajo la presidencia de un nuevo magistrado y la constitución de un nuevo jurado al apreciar errores en la devolución del primer veredicto emitido por el tribunal popular durante el primer juicio.
Concluyó que se habían vulnerado los derechos de las partes en la medida en que no se celebró la vista que debía convocarse para que la magistrada presidenta que dirigió el primer proceso explicase los motivos por los que no debía aceptarse el resultado de esa deliberación inicial (de no culpabilidad). También concluyó que el acta de ese primer veredicto se destruyó, sin que pudiese comprobarse su contenido, lo que podría haber supuesto indefensión por parte del recurrente.
No obstante, la defensa del encausado, Miguel López, presentó recurso de amparo ante el TC, que ordenó la suspensión de la repetición del juicio como medida cautelar. Los abogados de López argumentaban que el reinicio del procedimiento se iba a hacer por causas ajenas a la actuación jurídica de su representado, lo que podía ocasionar indefensión.
Los hechos objeto del proceso tuvieron lugar la noche del 9 de diciembre de 2016, cuando María del Carmen Martínez recibió dos disparos en la cabeza en el lavacoches del concesionario de vehículos entonces propiedad de la familia que regentaba López.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular mantienen para él la petición de 25 años de cárcel, a la espera de que el TC decida si debe repetirse el juicio.