Una mujer lleva a juicio a la Sanidad valenciana por quedar con incapacidad absoluta tras sacarle el útero

Mari Carmen jamás pudo imaginar que su vida iba a dar un giro de 180 grados y que ella, una persona completamente independiente, con un hijo y que trabajaba de contable en un Consum en Requena (Valencia), iba a acabar completamente dependiente, con depresión, "arruinada" y al cuidado de su madre de 77 años.

Desde hacía años presentaba sangrados que eran muy abundantes cada vez que tenía el periodo. Aunque llegó a tomar una medicación para interrumpirlo, tuvo que ser retirada para otro tratamiento. Y ahí es cuando se decidió extirparle el útero y las Trompas de Falopio. El problema es que "algo no salió bien", y ha quedado "incapacitada total". Por ello ha demandado por lo penal al médico que la operó y a la dirección del Hospital de Requena y a la Sanidad valenciana como responsables civiles subsidiarios de su situación.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el 11 de octubre de 2018 Mari Carmen fue operada en el centro asistencial Hospital de Requena para realizarle una "resección de la matriz (histerectomía y doble anexectomía)" con una "operación efectuada de forma abierta (debido a que se le había operado por medio de cesárea en su único hijo)". El objetivo era "evitar complicaciones de la laparoscopia", una técnica quirúrgica por la que se introduce una cámara en el abdomen.

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Tras la operación se informa a la madre de la denunciante que su hija ha sufrido "una perforación (pequeñito ojal) en la vejiga, y que por ello iba a estar sondada durante unos 10 días, no habiendo complicaciones". Y aquí es donde empiezan los problemas: Mari Carmen avisa "de su mal estado" constantemente, pero quienes la atienden le restan importancia, asegura la denuncia. Hasta que una ginecóloga de guardia da "el aviso de alarma de la situación anormal existente" y se solicita "una Ecografía urgente en la propia cama donde estaba". 

La situación acaba con una segunda operación "a las horas" de terminar la anterior "debido al encharcamiento que presentaba" la paciente. En ella se procede a localizar la zona del sangrado y a reconstruirla. 

En la denuncia se detalla que en el control analítico del día siguiente "se vieron cifras anormales", por lo que se le hace una nueva ecografía en la que se le detectan "muchos coágulos". Esa misma tarde (es decir, al día siguiente de las dos operaciones) "se evidencia que presenta una pérdida de movilidad de la parte derecha del cuerpo", tanto en extremidad superior como inferior. Ahí se indicó "la existencia de un ictus", lo que hizo que "interviniera el internista y, tras control de un nuevo TAC cerebral, pasa al servicio de UCI". 

En ese TAC se evidencia ya que había "una afección cerebral que afectaba a múltiples zonas de isquemia". Se procede entonces a su traslado al Hospital General de Valencia, donde se informa de "la existencia de dos zonas de infarto cerebrales" debidos a "la falta de riesgo sanguíneo". Se comprobó la existencia de un coágulo a nivel de la uretra que no pudo ser operado "debido a su estado de debilidad". 

Esta intervención se produce finalmente en enero de 2019, y también "surgen complicaciones por una afección cardiaca" de la que ya era conocedora anteriormente pero que se había "agudizado" por lo sucedido. A partir de ahí tiene además "problemas importantes en cuanto el tránsito intestinal y la defecación". 

Por todo ello se le concedió "una Incapacidad Permanente en Grado de Total (IPT) que lógicamente fue recurrida dado que en su estado le era imposible efectuar cualquier actividad laboral". Finalmente, el 12 de febrero de 2021 el Juzgado de lo Social número 5 de Valencia le concede la Incapacidad Absoluta. 

Intentos de suicidio

Las secuelas de estos hechos son constantes y se dejan ver en el día a día. Mari Carmen tiene lagunas de memoria constantes, problemas de habla, lentitud en la capacidad de comprensión y problemas de micción y estreñimiento, así como  imposibilidad de caminar y trastornos de tensión "con picos de mínima muy altos". También presenta "dolores constantes" que la obligan a estar prácticamente siempre en reposo. 

Además, "la esfera psíquica ha empeorado de forma drástica, siendo lo lógico tras pasar de estar trabajando y con una fuerza y aptitud buena a pesar de sus patologías previas, a ser una persona dependiente", dice el informe incluido en la denuncia. "Por ello está en manos del servicio de psicología y psiquiatría, en donde se destaca su mal estado y la intolerancia a llevar una mediación habitual".

Asimismo, "su mente hace que tenga total sensación de tristeza y de lloros frecuentes. Y por lo tanto sigue indicando que presenta total ausencia de ganas de vivir, y mantiene una ansiedad y depresión que se le sigue tratando, lo que la ha ocasionado que haya tenido intentos de suicidio" que han provocado que no se la pueda dejar sola.

Por este motivo "vive necesariamente con su madre", de 77 años, "cuando antes no vivía con ella, y la informada era capaz de trabajar y cuidar a su hijo sin problemas". De hecho, es la abuela quien cuida del nieto también. Todo ello le ha ocasionado, además, "un grave problema económico, no pudiendo vivir de su paga mínima de IPT, junto con la de viudedad de su madre. Está desesperada de todo".

¿Negligencia?

La cuestión que se intenta dirimir ahora es si, efectivamente, hubo algún tipo de negligencia médica en la intervención que se practicó a Mari Carmen. De momento médicos y forense no reconocen mala praxis. 

Un informe pericial encargado por la demandante considera que "no existió la exigible pericia médica necesaria como médicos ni especialistas" debido al resultado de las operaciones a las que fue sometida, entre otras cuestiones porque "debe ser considerado como error la existencia de un corte sobre la vejiga urinaria, y con ello la consiguiente problemática de riesgo de infección y sangrado". 

"Pero de igual forma está el hecho de haber sangrado al poco tiempo tras la operación y la lentitud en poner medios y hacer caso a la operada de los dolores y alteraciones que presentaba", añade. "Resulta incomprensible que, tras sufrir una segunda operación en pocas horas, no pasara a ser controlada muy de cerca en salas especializadas (sea UCI o Reanimación) y que (...) a las pocas horas de estar controlada solo básicamente se evidencia que había sufrido un ictus importante que era debido a la existencia de dos zonas de infartos cerebrales". 

El experto apunta a que "es evidente que las actuaciones médicas fueron claramente deficientes e insuficientes (...) entrando directamente en lo que debe ser denominada una evidente negligencia y mala praxis". 

El juicio, que se está celebrando en estas semanas con las declaraciones de los testigos y de los demandados, quedará en breve visto para sentencia.