Una de "las últimas balas" del movimiento vecinal de los poblados marítimos de Alicante más allá de los tribunales para conservar sus viviendas históricas podría proceder de la vecina Región de Murcia. Y es que su asamblea aprobó el año pasado con la abstención de PSOE y Podemos, la iniciativa legislativa del PP para la modificación de la Ley de Costas y está previsto que pase por el Congreso de los Diputados este año.

Así lo explica Manuel López, presidente de Somos Mediterránea y secretario de la AVV Guardamar Playa (Babilonia), que está a la espera de reunirse con los grupos políticos para su toma en consideración en comisión para tratar esta iniciativa legislativa en la Cámara Baja.

La iniciativa pretendía evitar el derribo de las viviendas en Los Nietos y Playa de Levante (Cartagena), Puntas del Calnegre (Lorca) y Puerto de Mazarrón, pero de producirse salvaría también los poblados marítimos de Guardamar y Dénia (los más afectados por la norma en la provincia), y de Nules y Gandía en el resto de la Comunidad Valenciana.

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Se da la circunstancia de que el Tribunal Supremo denegó el pasado mes de febrero la prórroga de concesiones de dominio público marítimo terrestre a viviendas ubicadas en la playa Babilonia, en Guardamar del Segura.Y lo justificó en informes medioambientales desfavorables que los vecinos niegan. Mientras que en el otro caso tratado ese mismo día, el de la papelera de Ence (Pontevedra).

Con la iniciativa se pretende dar solución a "la regresión del litoral que sufren las costas españolas desde hace años agravada por los efectos del cambio climático ha supuesto que determinados núcleos urbanos costeros a lo largo de todo el país con características culturales, históricas y etnológicas de valor esencial se hayan visto incluidos en el dominio público marítimo-terrestre".

"Estos núcleos a los que nos referimos, prosigue la propuesta, están conformados por edificaciones de baja densidad, muy identificados con el entorno paisajístico de donde se ubican y asociadas a un modo de vida marinero".

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La modificación de la ley que pasará por el Congreso establece que "serán considerados núcleos urbanos con especiales valores etnológicos aquellos conjuntos de edificaciones residenciales o comerciales (...) que acumulen valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados de forma que su demolición o supresión supusiera una pérdida de aspectos culturales, históricos o turísticos" o que "estén integrados en un entorno costero antropizado y asentado de manera tradicional".

También, los que "posean un título legítimo o licencia administrativa (...) con carácter previo a su inclusión en el dominio público terrestre o anterior a la Ley de Costas", los para que sean "catalogados por la Administración del Estado como núcleos urbanos con especiales valores etnológicos o de especial protección" y sean "excluidos del dominio público marítimo-terrestre mediante la práctica de las actuaciones necesarias".

Además, pide que se paralicen "las órdenes de derribo o deslinde en curso sobre viviendas de estas características "hasta la resolución de los expedientes". En este sentido, "el Gobierno, en su planificación de obras de protección del litoral, tendrá como objetivo prioritario proteger el frente litoral de los núcleos urbanos comprendidos en esta disposición".

En las últimas semanas, el presidente del PPCV y candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, ha exigido "paralizar los desmanes de la ley de costas que se cargan nuestras playas y nuestro desarrollo". Así, anunció que "pondrá en marcha una nueva ley de ordenación del litoral de la Comunitat Valenciana que regule toda la ordenación con respecto a la costa y mitigue los efectos perniciosos de la ley estatal en el ámbito autonómico"