Alicante

Finalmente unas 40 personas de la Falange han celebrado este viernes su homenaje a su fundador, José Antonio Primo de Rivera, en el cementerio de Alicante, donde se encuentra su primera tumba. Primo de Rivera murió fusilado en la ciudad el 20 de noviembre de 1936, tras ser juzgado por conspiración y rebelión militar contra el Gobierno de la Segunda República. 

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La marcha ha sido posible después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana anulase la decisión de la Subdelegación del Gobierno de no autorizar estos actos alegando una posible "alteración del orden público". 

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En el auto, el alto tribunal autonómico consideró que la posibilidad de que se produjesen altercados no tenía "solidez y solvencia", y explicaba que las dudas expresadas por la Subdelegación del Gobierno "no pueden preponderar ante la necesidad de hacer prevalecer la tutela de un derecho fundamental, ya que se precisarían indicios expresados con mayor certeza para hacerlos sobresalir".

Para el TSJ, "si dependiera el ejercicio del derecho de la voluntad de los contrarios que lo entorpecieran ninguna manifestación podría celebrarse". "Aún en la hipótesis de que pudieran ocurrir [desórdenes públicos], cabría la posibilidad de alterar el itinerario de la manifestación hasta las puertas del cementerio para evitar los lanzamientos pero sin prohibir una manifestación que hasta ese lugar podría transcurrir sin ningún tipo de disturbio, altercado o incidente".
Finalmente, la marcha se ha producido esta mañana en el cementerio de Alicante, con presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evitar altercados. 
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Es habitual que los falangistas peregrinen a la primera tumba de José Antonio Primo de Rivera en las fechas cercanas a su muerte. El año pasado el senador de Compromís, Carles Mulet, denunció que los organizadores del acto habían aprovechado para cargar contra el Gobierno en sus discursos, y calificarlo de "nuevo frente popular".
Los restos del fundador de la Falange fueron trasladados tres años después de ser fusilado al monasterio de El Escorial, y de ahí a la basílica del Valle de los Caídos. Recientemente la familia ha solicitado su exhumación para evitar "su exhibición" por parte del Gobierno tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática.