Internamiento de 18 meses y más CIEs: Italia endurece su política de migración ante la tibieza de la UE

El Gobierno italiano aprobó la construcción de nuevos centros de acogida de inmigrantes donde las personas que entran en el país transalpino de manera irregular podrán permanecer retenidas hasta 18 meses antes de ser expulsadas, el tiempo máximo permitido por la normativa comunitaria. "Dispondremos de todo el tiempo necesario, no solo para hacer las indagaciones debidas, sino también para proceder con la repatriación de quienes no tienen derecho a la protección internacional", avanzó Meloni al inicio del Consejo de Ministros que dio luz verde a la propuesta.

Italia cuenta con una decena de Centros de Permanencia para la Repatriación (CPR, por sus siglas en italiano) por todo el territorio, similares a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) españoles. El objetivo del Gobierno de Meloni es doblar al menos esta cifra y habilitar en cada región una estructura donde recluir a los inmigrantes irregulares en espera de ser expulsados. Una espera que podrá alargarse desde los 12 meses actuales hasta un año y medio. 

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Estos nuevos centros serán construidos en lugares alejados de núcleos urbanos y con muy baja densidad de población para evitar problemas de seguridad en las ciudades, puntualizaron desde el Ejecutivo, que indicó que también podrán ser utilizadas estructuras en desuso del Ministerio de Defensa como cuarteles o prisiones.

Desde el inicio de su mandato, el Gobierno italiano ha concentrado sus esfuerzos en intentar alcanzar acuerdos con los países de origen y de tránsito, pero su estrategia no parece estar dando resultados. En lo que va de año, alrededor de 130.000 inmigrantes irregulares han llegado al país transalpino, casi el doble comparado con el mismo periodo del año anterior y el triple que en 2021, según datos del Ministerio del Interior italiano.

Los números disponibles de las expulsiones son mucho más modestos. En los primeros siete meses del año fueron repatriadas 2.500 personas, un 28% más que en el mismo periodo del año anterior, porque el problema, denuncian desde la oposición, no son la falta de estructuras donde encerrar a quienes entran en Italia de manera irregular, sino la ausencia de acuerdos de repatriación con los países de origen de los migrantes.

Meloni había avanzado unos días antes su intención de extender el periodo de permanencia en estos centros en un vídeo en el que prometió tomar "medidas extraordinarias" para hacer frente a la emergencia en Lampedusa. "Quiero lanzar un mensaje claro a quienes entran ilegalmente en Italia: no conviene encomendarse a traficantes de seres humanos porque (…) si entráis en Italia ilegalmente seréis expulsados y repatriados", advirtió.

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En su mensaje, Meloni exigió a la Unión Europea una misión conjunta para bloquear los barcos que parten de las costas africanas, al mismo tiempo que defendió "un cambio de paradigma" para abordar la crisis migratoria. La líder de Hermanos de Italia invitó a la presidenta de la Comisión Europea a visitar la isla para que "se diera cuenta de la situación personalmente".

La propuesta de la mandataria italiana fue inmediatamente aceptada por Usula von der Leyen, que el domingo viajó hasta la isla acompañada de la primera ministra italiana y anunció un plan europeo para gestionar los flujos migratorios que, entre otras medidas, incluye acelerar la resolución de las solicitudes de asilo.

"La presencia de Europa en las fronteras más expuestas a la inmigración ilegal de masa subraya que la de Lampedusa no es sólo una frontera italiana sino también europea", aseguró Meloni durante el Consejo de Ministros celebrado ayer. "La presencia de la presidenta Ursula von der Leyen en Lampedusa el domingo es muy importante también desde el punto de vista simbólico. Me pregunto si también la acusarán, como hicieron conmigo, de querer hundir los barcos con los inmigrantes dentro", lanzó.

El programa anunciado por la responsable de la Comisión Europea consta de diez compromisos entre los que se encuentran la definición de corredores humanitarios legales y seguros; una actualización de la legislación contra el tráfico de personas; y la activación de un mecanismo de solidaridad para agilizar el reparto de las personas que llegan a las costas italianas entre los socios europeos. Una propuesta, esta última, similar a la aprobada el pasado mes de junio, pero cuyos resultados desde entonces han sido más bien escasos porque se trata de una iniciativa voluntaria.

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Uno de los primeros en desmarcarse de la "solidaridad" europea ha sido el Gobierno francés. Este lunes, el ministro del Interior galo, Gérald Darmanin, anunció que París no acogerá a una parte de los inmigrantes que llegaron recientemente a la isla de Lampedusa. "Sería un error de juicio considerar que los inmigrantes, una vez que llegan a Europa, deben ser distribuidos inmediatamente por toda Europa y hacia Francia, que desempeña en gran medida su papel", declaró Darmanin antes de viajar a Roma para reunirse con su homólogo italiano, Matteo Piantedosi.

A pesar de su histórica rivalidad y las crisis diplomáticas que periódicamente se abren entre París y Roma a cuenta de la gestión de la inmigración en la frontera que comparten, Francia aplaudió el endurecimiento de la política migratoria del Ejecutivo de Meloni, pero rechazó acoger más inmigrantes hasta que Italia no respete escrupulosamente la legislación comunitaria, que establece que los inmigrantes deben pedir asilo político en el primer país europeo al que llegan, lo que en la práctica deja en manos de los países de entrada la responsabilidad de gestionar los flujos migratorios.

La mayoría de las pateras que alcanzan las costas italianas parten desde Túnez, que ha sustituido a Libia como principal puerto de salida. Es por eso que el objetivo ahora de Meloni es conseguir desbloquear la ayuda financiera que la UE prometió en julio al presidente tunecino, Kais Said, como incentivo para frenar las salidas desde sus puertos. Un polémico pacto que no convence al bloque progresista en el Parlamento Europeo, que acusa al mandatario norteafricano de no respetar los derechos humanos en su país.

En este sentido, la primera ministra italiana denunció que el responsable de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, y los socialistas europeos están tratando de boicotear el acuerdo con Said por razones "ideológicas o, peor aún, por cálculo político". "En esencia, la voluntad de la izquierda es hacer inevitable la inmigración ilegal masiva", zanjó Meloni.