La crisis de Lampedusa reabre la guerra entre los países de la UE por el reparto de migrantes

La crisis de Lampedusa ha reabierto la guerra entre los países de la UE por el reparto de los migrantes que tratan de llegar a territorio comunitario. En su visita a esta pequeña isla italiana (que en la última semana ha registrado más de 10.000 llegadas irregulares, cifra que supera su población habitual), la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció un plan de acción de 10 puntos para ayudar al Gobierno de derecha radical de Giorgia Meloni. Una hoja de ruta que suscita dudas en varios Estados miembros.

"Italia puede contar con la Unión Europea", aseguró Von der Leyen en una rueda de prensa conjunta con la primera ministra italiana. En total, casi 126.000 migrantes han lllegado a ese país en lo que llevamos de año, casi el doble que la cifra registrada en el mismo periodo del año pasado. "La migración es un reto europeo que requiere una respuesta y una solución europeas", le dijo la presidenta a Meloni.

La principal novedad del plan de acción de Von der Leyen (un compendio de medidas que ya se habían anunciado antes y nunca se llevaron a la práctica) consiste en "explorar las opciones de expandir las misiones navales existentes en el Mediterráneo o trabajar en otras nuevas". En paralelo, Bruselas plantea acelerar el envío de equipamiento a la guardia costera de Túnez, que ahora mismo es el principal puerto de salida de migrantes hacia las costas italianas.

[Von der Leyen anuncia en Lampedusa un plan europeo ante la crisis migratoria de Italia]

Ninguna de estas iniciativas convencen al resto de socios. En cuanto a la posibilidad de poner en marcha una operación naval, fue el propio Gobierno italiano (con Giuseppe Conte de primer ministro y Matteo Salvini de ministro del Interior) el que exigió poner fin a la misión europea Sophia con el argumento de que provocaba un efecto llamada. Además, no hay consenso en la UE sobre el mandato que debería tener la nueva operación naval: al contrario, las diferencias entre los Estados miembros son enormes.

Mientras que el programa del Gobierno de coalición de Alemania defiende poner en marcha una misión de búsqueda y rescate cerca de Libia que asuma el trabajo que hacen ahora los barcos de las ONG, Meloni reclama una especie de bloqueo naval.

"Nunca resolveremos el problema hablando de cómo redistribuir los migrantes dentro de las fronteras de Europa. La única manera de afrontar seriamente el problema, y de que la solución para una nación no cree problemas para otra nación, es trabajar en la dimensión exterior y detener las salidas ilegales de inmigrantes", dijo la primera ministra italiana en su rueda de prensa conjunta con Meloni.

También ha provocado mucho revuelo en Bruselas el acuerdo que Von der Leyen y Meloni firmaron con Túnez el pasado 16 de julio. Un pacto por el que la UE pagará al régimen tunecino alrededor de 100 millones de euros para que refuerce las fronteras e impida la salida de migrantes hacia Europa. Varios países se quejan de que la Comisión cerró este pacto (en el que también participó el holandés Mark Rutte) sin contar con la autorización de todos los Gobiernos europeos, saltándose los procedimientos previstos.

La Defensora del Pueblo de la UE, Emily O'Reilly, ha preguntado al Ejecutivo comunitario si ha definido criterios claros para suspender la financiación comunitaria si Túnez vulnera los derechos humanos de los migrantes. Algo que está ocurriendo de forma sistemática, según denuncian las ONG. O'Reilly reclama a la Comisión respuestas antes del 13 de diciembre.

Pero la principal queja de los Gobiernos es que el acuerdo con este país norteafricano no funciona, dado que no ha servido para frenar los flujos irregulares hacia Italia. El Ejecutivo comunitario replica que que el memorándum de entendimiento todavía no se está aplicando. Y lo justifica argumentando que los responsables del aparato de seguridad de Túnez han estado de vacaciones durante el verano, una explicación que ha causado sorpresa entre los Estados miembros.

Al tiempo que aumenta la presión migratoria sobre Lampedusa, Alemania ha decidido ahora suspender la acogida de migrantes procedentes de Italia en el marco del Mecanismo Volutario de Solidaridad que se creó en junio de 2022. El Gobierno de Olaf Scholz alega que Roma está incumpliendo la legislación comunitaria, ya que no retiene a los migrantes que llegan y les deja marcharse a otros Estados miembros. Y además no acepta que los países perjudicados (en particular Alemania y Francia) le devuelvan los migrantes que han recibido procedentes de Italia. El resultado es que Alemania está registrando ahora mismo más peticiones de asilo que la propia Italia. 

Para Von der Leyen, la solución a esta guerra entre los Estados miembros sería cerrar el Pacto Europeo de Migración y Asilo. "Cuando asumí el cargo, no parecía haber ningún compromiso posible a la vista. Sin embargo, con el Pacto, hemos encontrado un nuevo equilibrio: entre la protección de las fronteras y la protección de las personas, entre soberanía y solidaridad, entre seguridad y humanidad", dijo la presidenta durante su discurso sobre el estado de la Unión la semana pasada.

Los ministros del Interior de la UE alcanzaron un primer acuerdo sobre la reforma de las leyes migratorias en junio, pero Polonia y Hungría (que se oponen a cualquier tipo de cuotas de migrantes) ya han dicho que no piensan aplicarlo. A la presidencia española del Consejo le corresponde la difícil tarea de concluir las negociaciones con la Eurocámara, antes de fin de año.