La fábrica de Corrugados que enfrenta a Getafe con Ayuso: limitan el trabajo por la noche pero no el nivel de ruido

La fundición Corrugados lleva años siendo un vecino 'incómodo' para algunos habitantes de Getafe. Un inquilino enquistado que ha llevado a enfrentarse al Ayuntamiento de la localidad (socialista) con la Comunidad de Madrid por los continuos "ruidos y humos" que, según el consistorio que dirige Sara Hernández, hacen la vida imposible a los vecinos. 

La plataforma vecinal, Afectados por Corrugados, junto con Ecologistas en Acción y el propio Ayuntamiento de Getafe, iniciaron una batalla judicial que ha llevado a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo a tomar cartas en el asunto. Y al Gobierno regional a hacer limitaciones mediante una nueva Autorización Ambiental Integrada (AII) que, según los vecinos de Getafe, es "un cheque en blanco".  

Así las cosas, el Ejecutivo regional ha limitado el horario nocturno de la fundición y ha restringido, en parte, su actividad mediante la nueva Autorización Ambiental Integrada de la fábrica y que se conoce tras el informe pericial de la citada Fiscalía de Medio ambiente y Urbanismo emitido en el mes de julio. 

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En dicha Autorización Ambiental Integrada, la Comunidad de Madrid plantea a la empresa cerrar por las noches y obligar a la empresa a hacer un estudio olfatométrico anual para reducir las molestias por ruidos y malos olores. 

Todo ello es "insuficiente" para el Gobierno de Getafe, la plataforma vecinal de afectados y Ecologistas en Acción. A su juicio, las medidas temporales de suspender la actividad por la noche o realizar un estudio cada año sobre los olores, "no tendrán ninguna incidencia en la resolución del problema".

Consideran que la nueva Autorización es un "cheque en blanco" pese a que se reconocen las molestias que esta planta ocasiona a los vecinos de Juan de la Cierva y Los Molinos. Por ello, el Gobierno de Sara Hernández va a presentar un recurso de alzada para que la AAI sea mucho más exigente.

Desde la Comunidad de Madrid insisten en que su objetivo es centrarse en tres puntos básicos para el bienestar de los vecinos: el ruido, el olor y las emisiones a la atmósfera. Pero, desde la empresa, se defienden y aseguran que cumplen con todo lo establecido por la ley. 

El problema de los ruidos, por ejemplo, es uno de los más complejos de solucionar. Mientras que el Ayuntamiento asegura que está atado de pies y manos por la Autorización Integral Integrada de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional asegura que las competencias en ruidos son del Ayuntamiento. 

¿Entonces? El problema es que las mediciones que se hacen a la empresa se rigen por valores industriales y no residenciales. Las partes no se ponen de acuerdo, pero según el Ayuntamiento, un informe elaborado por la Universidad Carlos III dejaba claro que las competencias eran de la Comunidad de Madrid. 

Informe de la Fiscalía

Existe un informe del mes de julio la Fiscalía de la Comunidad de Madrid que, según los vecinos y el propio ayuntamiento, les da la razón. En él, se habla de "incumplimientos constantes" en materia de contaminación y ruido por parte de la fundición Corrugados entre 2017 y 2021.

Hechos que "han podido afectar" a la salud de las personas que viven en las zonas residenciales de Getafe, tal y como denuncian los afectados. Mayoritariamente vecinos de Los Molinos. 

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Los principales problemas que presenta la fundición para uno de los barrios con más crecimiento de Getafe son dos: las partidas suspendidas de PM10 y los niveles de ruidos. Todo ello, según la Plataforma de Afectados por Corrugados que es la que ha publicado dicho informe. 

En numerosas manifestaciones, los vecinos ya habían denunciado que habían encontrado partículas metálicas en el patio del colegio Miguel de Cervantes. Sobre estas partículas, la Fiscalía confirma que en 4 de los 5 años analizados, las emisiones "fueron ilegales dentro y fuera de la fábrica": en 2019, 2020 y 2021 esas partículas dentro de los límites de Corrugados "triplicaron los niveles".

El problema es que el documento es hasta 2021 y, entre otras cuestiones, la fábrica estuvo cerrada por la Covid-19 durante varios meses. Por ello, la compañía insiste en que las partidas suspendidas de PM10 (una de las grandes reclamaciones de los vecinos) no pueden ser exclusivamente emitidas por ellos. 

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Es por eso que, desde la planta de Corrugados Getafe, han negado en varias ocasiones que se incumpla de manera sistemática los niveles de contaminación aplicables por la AAI.

En un comunicado publicado a mediados de julio, tras publicarse el informe de la Fiscalía, insistían en que miden sus emisiones "de manera continua y transparente, sin superar los parámetros".

De hecho, puntualizan que los parámetros en el escrito de la Fiscalía se refieren a "su presencia en las estaciones de calidad del aire de Getafe" algo que, al ser tan general, "no puede atribuirse a Corrugados Getafe".

"Prueba de ello es que se han producido superaciones estando parada la planta, como ocurrió en 2020 cuando, a causa de la pandemia, la empresa estuvo 6 meses sin actividad", añaden en un comunicado la empresa. 

Además, recuerdan que el propio plan de calidad del aire de Getafe analiza que la aportación predominante para NOx y PM10 en el inventario de emisiones de la Comunidad de Madrid "proviene del tráfico rodado".